El Vaticano informó hoy de la entrada en vigor de la normativa aprobada por Benedicto XVI el pasado 30 de diciembre para luchar contra el blanqueo de dinero en sus instituciones financieras, tres meses después de que el Instituto para las Obras de Religión (IOR), conocido como el Banco Vaticano, fuera investigado.
Para vigilar la aplicación de la denominada "Ley para la prevención y lucha del blanqueo proveniente de actividades criminales y de la financiación del terrorismo" se creó la Autoridad de Información Financiera (AIF) y fue nombrado presidente el abogado Francesco De Pasquale.
El nuevo reglamento no prohíbe llevar sumas de dinero superior a los 10.000 euros, pero obliga a declararlas, para permitir seguir sus huellas.
"No se trata de una revolución, sino de un compromiso de transparencia, de seguimiento de los datos, exigido por un sistema de transparencia internacional", afirmó hoy el portavoz vaticano, Federico Lombardi.
En la oficina que entrega los permisos de entrada a la Ciudad del Vaticano ya aparecieron hoy colocados carteles en los que se informaba de la nueva normativa.
La Gendarmería vaticana, según contempla el reglamento, podrá realizar los controles necesarios cuando tenga motivos de sospechas y podrá obligar a hacer las declaraciones.
También podrá abrir maletas, maleteros de automóviles y bolsas de mano en los casos que levante sospechas. Serán sancionados quienes no cumplan la normativa de declarar el dinero que llevan.
El reglamento sobre el transporte de dinero es el primero de los aprobados por la AIF, que también ha elaborado un "índice de anomalías" para facilitar la localización de las situaciones de riesgo y en fechas próximas aprobará otro reglamento que afectará a los empleados y ciudadanos vaticanos.
En materia contra el blanqueo de dinero, la ley prevé, entre otras, penas de cárcel de hasta 12 años, además de los controles sobre el dinero en efectivo que entre y salga del Estado Vaticano.
En el ámbito de la lucha contra el terrorismo se prevé "congelar" fondos y recursos económicos con el fin de reprimir su financiación, y se fijan penas de hasta 15 años de cárcel para los que promuevan o financien actos de violencia con fines terroristas.
Asimismo, se establecen penas específicas en ámbitos como la manipulación de mercado, la trata de personas, el contrabando y la conservación del medioambiente, entre otros.
Con estas medidas el Vaticano pretende entrar en la llamada "lista blanca" o la lista de Estados que respetan las normas para la lucha contra el lavado de dinero.
El pasado mes de septiembre, la Fiscalía de Roma abrió una investigación sobre el IOR y la jueza María Teresa Covatta dispuso la confiscación preventiva de 23 millones de euros de una cuenta corriente del banco Credito Artigiano a nombre del Banco Vaticano.
La Fiscalía indaga, en concreto, dos operaciones bancarias que preveían la transferencia de 20 millones de euros al banco de negocios JP Morgan, en Fráncfort (Alemania), y de otras tres entidades a la Banca del Fucino, por las que, según los investigadores, no se facilitó la información necesaria impuesta por la normativa contra el blanqueo de capitales.
