La diputada del PP en el Parlamento andaluz por Cádiz Carmen Pedemonte ha acusado este lunes a la Junta "convertir a las personas mayores en los grandes paganos de los recortes en política social", ya que entiende que la esta Administración ha dejado la política social "en un segundo plano"; afirmando, además, que la consejera de Salud, María Jesús Montero, "parece que todavía no ha asumido que es la consejera de Bienestar Social".
"No hay mayor ingratitud que recortar a los mayores; no hay mayor injusticia que recortar a los mayores; y no hay mayor recorte que recortar a los mayores", ha asegurado Pedemonte en rueda de prensa, donde ha puesto de manifiesto los "recortes" de la Junta en la asistencia a las personas mayores "con los retrasos en el pago de los conciertos, el incumplimiento en la tasa de reposición, la privatización de los servicios sociales y la paralización de la Ley de Dependencia".
Así, ha acusado a la Junta de no asumir sus competencias en la materia, ya que, según sostiene, los recortes sociales se producen "en la no construcción de recursos propios, en la tardanza y reducción del concierto de plazas y en los retrasos en el pago de conciertos". En este sentido, apunta que en la provincia de Cádiz existen 75 residencias para personas mayores "de las que 55 son privadas y 20 públicas. Eso significa que sólo el 26 por ciento de los centros son de carácter público y la mayoría de ellos son de ayuntamientos, mancomunidades y Diputación". Además, según ha agregado Pedemonte, el número de plazas residenciales es de 5.247, "de las que 3.868 son privadas (casi un 74 por ciento).
Además, señala que la población gaditana de personas mayores asciende a 171.515, por lo que el ratio de plazas residenciales es "de un tres por ciento". "Cádiz es la doceava provincia de España con peor ratio de plazas residenciales para mayores", indica.
Pedemonte recuerda que en la provincia hay más de 300 plazas geriátricas que se encuentran desocupadas "a la espera de que la Junta tramite la documentación y firme convenios con entidades públicas, privadas y sociales para poder concertar las plazas". Como ejemplos "más llamativos", la popular ha apuntado el Centro de Mayores Puntales-Loreto de Cádiz, construido por el Ayuntamiento de Cádiz, o el proyecto de Santo Domingo que finalmente se ha descartado "al no alcanzarse un acuerdo con la Junta para el concierto de plazas".
Además, la parlamentaria andaluza lamenta los retrasos de la Junta en el pago de los conciertos existentes, "que convierten a las entidades públicas, privadas y sociales en sus financiadores al tener que asumir los gastos". Como ejemplo, apunta la deuda que el Gobierno andaluz mantiene con las residencia de mayores de la Diputación de Cádiz que asciende "a casi 300.000 euros".
Pedemonte ha criticado igualmente la política de la Junta de "no cubrir las plazas que se quedan libres" y mantener "paralizada" la aplicación de la Ley de Dependencia, apuntando "el recorte de 120 millones de euros de la Junta, frente a los 12 millones del Gobierno central", y recordando el informe del Defensor del Pueblo Andaluz que señalaba a la Junta de Andalucía "como la única culpable en los retrasos en la aplicación de la normativa". De hecho, apunta a los "casi 700" dependientes que en la ciudad de Cádiz "aún están esperando".
En su opinión, el Gobierno 'bipartito' PSOE-IU "parece que no tiene intención de solucionar el problema", refiriéndose a una respuesta parlamentaria de la consejera "donde reconoce que no se va a producir una estabilidad en el calendario de pago con los centros concertados y que se aplica una ralentización en la incorporación de nuevos dependientes y la no asunción de compromisos sobre nuevas plazas".
