El programa contra los desahucios de la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía ha contribuido a evitar 661 desalojos en la provincia de Cádiz en sus primeros 15 meses de funcionamiento, hasta el 31 de diciembre de 2013.

   Así lo ha explicado la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, en Algeciras (Cádiz), donde ha detallado que son 32 municipios los que se han adherido ya al Programa Andaluz den Defensa de la Vivienda y 267 en toda Andalucía, casi un 35 por ciento de los ayuntamientos de la comunidad autónoma.

   Cortés ha destacado que las oficinas contra los desahucios "cumplen el objetivo esencial con el que se crearon: que quienes acuden a solicitar ayuda de la Junta de Andalucía, personas que en su gran mayoría han perdido su empleo o trabajan en condiciones de precariedad, no pierdan al menos su casa".

   La consejera ha incidido, no obstante, en que el programa ofrece "un servicio paliativo, por lo que los problemas de fondo de las familias no están resueltos, persistiendo la alerta y manteniéndose la situación de inseguridad". "La solución de las medidas de fondo requiere de modificaciones de la normativa estatal, claramente desequilibrada a favor del poder financiero, así como de medidas drásticas como una quita hipotecaria", ha añadido.

   "La crisis se alarga y se agrava, aumentando el número de familias asfixiadas económicamente", ha alertado Cortés, que ha afirmado que el recurso del Gobierno contra la Ley de Función Social de la Vivienda "empeora objetivamente el panorama", porque dicha norma obra un "efecto disuasorio sobre todos los desahucios", ya que las entidades financieras saben que, de realizar el desalojo, se exponen a la expropiación de la vivienda o a sanciones por mantener el inmueble desocupado.
INTERMEDIACIÓN, PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN

   Durante los primeros 15 meses de funcionamiento de este servicio público y gratuito, el programa ha intermediado en 661 casos. "En la fase de intermediación las familias acuden a nosotros en riesgo de desahucio, en situación de morosidad, y siguen en sus casas", ha subrayado Cortés, que ha afirmado que la Consejería "contribuye a evitar el desahucio junto a las familias, sin cuyo empeño y defensa del derecho a la vivienda esta labor es inabordable".

   En la fase de intermediación los afectados acuden solicitando información, asesoramiento y negociación en relación con sus problemas hipotecarios, destacando fórmulas como las renegociaciones de las condiciones del préstamo hipotecario, con acuerdos para la carencia de amortización del capital, ampliación de plazos, reducción del tipo de interés aplicable, retirada de cláusulas suelo, alquileres asequibles, suspensiones de lanzamiento o subasta, entre otras medidas encaminadas a paralizar el lanzamiento, en permanente comunicación con juzgados y entidades bancarias.

   El resto de expedientes abiertos en Cádiz se corresponde con las fases de prevención, con un total de 59; y de protección, con 126 casos. En la fase de prevención, la atención se presta cuando aún no existe morosidad. Es solicitada por familias interesadas en informarse sobre las consecuencias de no pagar las cuotas hipotecarias en el futuro, conocer detalles sobre las posibilidades normativas para evitar desahucios o pedir asesoramiento sobre posibles cláusulas abusivas, entre otras cuestiones. Las oficinas les proporcionan información y asesoramiento, evitando preventivamente situaciones de amenaza de su derecho a la vivienda.

   En la fase de protección, las personas que demandan este servicio tienen ya la fecha de desalojo, o en ocasiones acuden cuando ya han visto vulnerado su derecho a la vivienda. La Consejería emplea todas las herramientas a su alcance para ofrecer alternativas a estas familias, siempre en colaboración con los ayuntamientos.

   Los trabajadores del programa las asesoran para realizar la solicitud de viviendas en los registros de demandantes municipales, establecen cauces de comunicación con las entidades financieras o con los juzgados para intentar dilatar los desalojos y colaboran con los servicios sociales de los ayuntamientos para arbitrar soluciones.

   En el caso concreto de Algeciras, explica que este programa ha evitado 78 desahucios en la fase de intermediación. En las otras dos fases, prevención y protección, ha prestado servicio a cuatro personas en cada una. "La adhesión del Ayuntamiento al Programa refuerza el alcance y utilidad del mismo", ha señalado Cortés, que ha subrayado que esta iniciativa "ha servido además para abrir brecha en el debate social sobre el problema de la vivienda y para articular un bloque institucional por el derecho a la vivienda" en la comunidad autónoma.