La Policía Nacional ha detenido a 15 personas entre los que se encuentran tres empresarios, dos extranjeros y uno español, que "se aprovechaban de la necesidad que tienen los trabajadores extranjeros para permanecer al menos tres años en territorio nacional para conseguir la autorización de residencia por circunstancias excepcionales" y los empleaban "a cambio de comida y un techo donde dormir, con una jornada laboral que comprendía los siete días de la semana" y sin darlos de alta en la Seguridad Social.
En una nota de prensa, la Policía Nacional detalla que las otras 12 personas detenidas son los ciudadanos extranjeros que carecían del permiso de residencia en España y que trabajan en los negocios de los empresarios a cambio de una morada y de alimentación.
Uno de los empresarios ha sido imputado por la comisión de diez delitos contra los derechos de los trabajadores y favorecer la inmigración ilegal. Los otros dos empresarios, por su parte, han sido detenidos por su presunta participación en la comisión de los delitos de falsedad documental y delito contra los derechos de los trabajadores.
La investigación desarrollada por la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Comisaría Provincial de Cádiz ha tenido una duración de cinco meses y ha contado con la colaboración de los grupos de Extranjería de otras localidades para la realización de controles simultáneos en siete localidades de la provincia de Cádiz, donde los empresarios empleaban a ciudadanos extranjeros que no contaban con permisos de residencia en España.
Los empresarios fueron localizados y detenidos en Alicante, Málaga y Barbate (Cádiz) y los ciudadanos eran naturales de Pakistán. El salario no era retribuido por los empleadores "con el pretexto de cubrir la deuda por haberlos introducirlos ilegalmente en España y conseguirles un futuro el tan ansiado permiso de residencia que les autorizaría a permanecer en España y Europa de forma legal".
Según señala la Policía, los empresarios son instruidos por las mafias para señalarles el camino que han de seguir, acorde con los preceptos de la Ley de Extranjería y aprovechar las autorizaciones de residencia por circunstancias excepcionales, para lo cual los inmigrantes necesitarían, entre otros documentos, un contrato de trabajo y documentos que acrediten su arraigo en España y su permanencia durante al menos tres años".
FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS
Para obtener estas documentaciones, dos de los empresarios detenidos entregaron en las instituciones públicas falsos contratos de trabajo a nombre de los inmigrantes ilegales que, previo pago bien en dinero o por los trabajos realizados, les facilitan la obtención del permiso de residencia.
Entre los documentos falsificados se encuentran certificados de penales expedidos por el país de origen, en este caso Pakistán, certificado de empadronamiento del lugar donde actualmente residen y otros documentos acreditativos emitidos por las autoridades publicas.
Tras finalizar la investigación los agentes del Cuerpo Nacional de Policía adscritos a la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras remitieron el correspondiente atestado policial al Juzgado único de Ubrique (Cádiz).
