La promoción de viviendas de la calle Osorio de la capital gaditana sigue dando que hablar, ya que hace escasas fechas la Plataforma por el Derecho a una vivienda Digna en Cádiz pedía a la administración competente, esto es,  a la Junta de Andalucía, que las viviendas de esta promoción  “no comprometidas con los bancos” pasasen al régimen de alquiler social, algo que a los legítimos adjudicatarios le ha llenado de intranquilidad.

La historia viene de largo, de cuando en la Junta gobernaban en común Izquierda Unida y PSOE y de cuando el exdelegado territorial en Cádiz de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio Manuel Cárdenas se comprometió a “destinar a alquiler social la promoción de Osorio”.

El caso es que hay un total de 52 viviendas que se adjudicaron en su día, hace más de tres años y en base a los criterios de baremación que vienen establecidos por Procasa. Y, a pesar de las reclamaciones ante la Junta de la Apdha y demás colectivos integrantes de la Plataforma por la Vivienda de pedir las casas para aquellas personas que más las necesitan por hallarse en “situación de emergencia habitacional” y no “a quienes puedan comprarlas”, la reacción de los adjudicatarios no se ha hecho esperar.

Francisco Morales, gaditano de 49 años y con dos hijos, es uno de los legítimos adjudicatarios de una de las viviendas de esta promoción. Concretamente, figura como el número 9 de un total de 156 personas inscritas para este conjunto residencial, ya que se anotan un adjudicatario y dos suplentes por vivienda y en la actualidad se encuentra algo inquieto. “Hasta que no firme el contrato, estoy con las carnes abiertas”, señala.

Morales indica que si bien la Junta destinó a la venta esta promoción en un principio, por la situación de crisis y de menor solvencia de los compradores, dio la opción al alquiler con opción a compra, “pero los seleccionados de la bolsa de Procasa, éramos los que habíamos marcado la casilla de compra. Pero si se establece un alquiler con opción a compra que permita pagar 300 euros al mes durante diez años en vez de abonar casi 10.000 euros en un primer pago a la hora de la firma, yo lo prefiero también”.

Este trabajador indica que son las administraciones las que deben encargarse de dar vivienda a todos los ciudadanos tal y como recoge la Constitución, y “si se establece desde un principio en una promoción que ésta se va a destinar a alquiler social, pues bienvenida sea, pero si no es el caso, no puede perjudicarse a quien ha trabajado muy duramente por ella. Por lo menos, que se nos trate en igualdad”.

Sea como fuere, desde la Plataforma de la Vivienda esperan la contestación que desde la Delegación de Vivienda deben darle como solución para las numerosas personas hay con emergencia habitacional en Cádiz y los adjudicatarios de Osorio, solo esperan, una vez vistas las viviendas la semana pasada, poder firmar sus casas de una vez y disipar cualquier duda.