El ‘Caso Alumbrado’, que viene coleando desde 2009 en la ciudad, vuelve a salir a la palestra pública con motivo de la comparecencia del jefe de grupo de Delincuencia Económica y Fiscal de la Comisaría provincial ante el juez Miguel Ángel López Marchena, titular del juzgado de instrucción número 2 de Cádiz. Esta citación es para ratificar la ampliación del informe realizado a colación de la investigación. 

En enero de 2016, la Comisaría provincial emitía una nota donde informaba que la Policía Nacional había finalizado una investigación en la que se imputaba a dos funcionarios públicos del Ayuntamiento de Cádiz y a tres responsables de sociedades mercantiles como presuntos autores de los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude en la contratación pública y falsedad documental en el llamado 'Caso Alumbrado'. 

El sexto imputado es el propio denunciante de los hechos relacionados con la supuesta alteración de los baremos de asignación de las puntuaciones del concurso de contratación del alumbrado público de la capital gaditana. La Policía explicaba que la investigación se iniciaba a raíz de una denuncia interpuesta en 2009 por un ex trabajador de una empresa de alumbrado ante la Fiscalía Provincial de Cádiz para dar cuenta de las presuntas irregularidades en la adjudicación del concurso de contratación del mantenimiento y conservación del alumbrado público, convocado el 15 de octubre de 2008.

La ampliación del informe sobre la investigación realizada por este jefe policial pone de manifiesto una serie de conclusiones, a las que ha tenido acceso este medio. Dicho informe pretende demostrar “la posible comisión de irregularidades y/o hechos que pudieran ser constitutivos de delitos cometidos por personas al servicio de la administración pública, y así facilitar el enjuiciamiento y la depuración de responsabilidades, si las hubiera”. 

En primer lugar, señalan al que fuera jefe municipal de Alumbrado Público y Tráfico en el Ayuntamiento gaditano como la persona que “concentraría el mayor grado de participación en el desarrollo de los hechos”.

Los actos, dice el informe, llevados a cabo por éste “constituyen el origen de los hechos denunciados y de todas las presuntas irregularidades reveladas”.  Añade el documento que el citado jefe de área actuó “en detrimento del propio Ayuntamiento de Cádiz y de los intereses de las sociedades mercantiles que se presentaron a los concursos públicos investigados”. 

También se acusa al que fuera jefe de área de Contratación y Compras ya que al formar parte de la mesa de contratación debía tener conocimiento y “control directo” de los informes de valoración emitidos por el jefe de Alumbrado para cada una de las adjudicaciones.  En el informe también se añade el nombre de individuos relacionados con las empresas Imes-Imesapi, Etralux o Cytel, desde donde se cometieron las supuestas irregularidades. 

Asimismo, en las conclusiones del documento se cita también al que fuera concejal de Patrimonio en ese momento, José Blas Fernández. En concreto, se indica que uno de los responsables de Imesapi puso en “conocimiento de Fernández las prácticas irregulares ejercidas por el jefe de Alumbrado, tanto de forma verbal como por escrito”.   

En Fiscalía

El exconcejal de Patrimonio, José Blas Fernández, ha salido al paso de la apreciación del informe policial donde indica que tenía conocimiento de las prácticas irregulares realizadas por el jefe de Alumbrado.

Una información que se le dio de forma verbal y por escrito. A este respecto, Fernández informa que estas denuncias “se remitieron a la Fiscalía en tres ocasiones”.

Dichos escritos se entregaban el pasado lunes al juez López Marchena para su conocimiento.  Asimismo, y a pesar de lo que indica el informe, donde se deja entrever que a pesar de tener conocimiento, el concejal no tomó cartas en el asunto, en base a las declaraciones tomadas por el agente, “también a estos denunciantes les mandé notificación con acuse de recibo de las cartas remitidas al Ministerio Fiscal”. 

En este sentido, y ante la actuación llevada a cabo por parte del exedil de Patrimonio, adelantó que “voy a tomar acciones legales contra este individuo al que se le toma declaración y dice que no tomé cartas en el asunto, por mentir a la Policía, y por decir que no actué en consecuencia”.

Asimismo, José Blas Fernández tomará también medidas legales contra el jefe de la Policía que ha dirigido la investigación y realizado el informe por “no contrastar la información que le dan sobre mi actuación esas dos personas. Nadie me ha llamado para verificar si es cierto que atendí a estas personas, qué hice con la denuncia de esas irregularidades o si les informé posteriormente de las acciones llevadas a cabo”