El coordinador local de IU Cádiz y actual primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Cádiz, Martín Vila, ha informado de que su formación política presentó el pasado miércoles ante un Juzgado de Instrucción número uno de Cádiz un recurso de reforma y otro de apelación contra el auto judicial del 31 de octubre que dictó el sobreseimiento en el 'caso Matadero'.
Según detalla IU en un comunicado, Martín Vila ha recordado que "en su día, desde IU nos presentamos como acusación particular en este caso con la intención de que se conociera toda la verdad sobre el mismo. Sin embargo, tras el auto, no nos damos por satisfechos y creemos que existen datos más que suficientes para la continuación de las actuaciones".
El edil ha explicado que el recurso presentado se basa en varios hechos, destacando entre ellos que "está probado por los testimonios de la mayoría de los trabajadores sociales que existía la conocida como 'lista de políticos', ya que aunque en el auto recurrido se dice que no existe constancia de la misma, en cambio, el propio auto alude reiteradamente a las personas incluidas en esa lista". "No entendemos nada, es una contradicción muy evidente", ha apostillado.
Vila ha añadido que "no es la única" contradicción, ya que "la no existencia de esta lista queda en entredicho también con el propio escrito de petición de sobreseimiento" de la edil del PP Mercedes Colombo y la exedil Carmen Sánchez, en el que "se reconoce que las concejalas elaboraron una lista y se explica además como lo hicieron".
Crítica al PP
Por otro lado, Martín Vila ha considerado que el portavoz municipal del PP, Ignacio Romaní, "ha pecado de demasiada valentía, puesto que ha valorado públicamente este tema antes de que el caso esté cerrado".
En su opinión, pese a que el dirigente 'popular' reconoce que podían presentarse recursos, "se atreve ya a acusar a trabajadoras concretas de falsos testimonios y a amenazar con denuncias", ha criticado.
Asimismo, ha calificado de "poca vergüenza política" que el PP "haya acusado a las propias trabajadoras sociales del mal funcionamiento de la delegación, cuando fueron ellos, con sus recortes y aplicando antes de tiempo la Ley de Racionalización con el despido de 24 empleados, los que comenzaron a cargarse el funcionamiento de los Asuntos Sociales en esta ciudad".
Finalmente, ha considerado que "habría que decirle a Romaní que en lugar de amenazar a con denuncias a medio Ayuntamiento, debería tener la dignidad política de pedir a su compañera Colombo que dimita, por ser quien inició el verdadero caos de en la delegación de Asuntos Sociales".
