La Unidadde Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional, en el marco de la operación Flama, ha investigado a 14 personas, 12 de ellas detenidas (en libertad con cargos), como presuntos autores de los delitos de malversación de caudales públicos, fraude en la contratación pública y prevaricación, entre otros delitos, en el Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz (CBPC).
También se les investiga por la supuesta comisión de delitos de nombramiento ilegal, asociación ilícita, falsedad documental y actividades prohibidas a funcionarios, según detalla la Policía Nacional en una nota de prensa.
La malversación supera los siete millones de euros, sin contar los beneficios que hubieran podido obtener a través de su participación en los hechos investigados.
La investigación comenzó tras una denuncia interpuesta en el 2013 por el Sindicato de Bomberos de Cádiz, tras la firma de un acuerdo laboral en el CBPC y la posterior contratación de una póliza de jubilación anticipada para bomberos de Cádiz, que benefició principalmente a dirigentes del consorcio en detrimento del resto de bomberos.
Tal y como indica el citado sindicato, entre los presuntos implicados se encuentran un expresidente del CBPC, un exgerente, el jefe de formación, el interventor, el tesorero y la secretaria general accidental, entre otros cargos a los que se unen cuatro personas ajenas al consorcio.
Irregularidades detectadas
Los investigadores han detectado prácticas irregulares entre el 2008 y el 2014, que podrían ser constitutivas de delito, por lo que la causa fue derivada al Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz en el 2014.
Durante estos tres años el trabajo policial ha permitido comprobar un historial de actos y procedimientos, a priori fraudulentos, que habrían sido cometidos por directivos del CBPC, y por los responsables de las empresas contratadas.
Entre estas irregularidades se encuentran la firma de un acuerdo regulador y la contratación de un plan de jubilación anticipada para el personal operativo del CBPC en cuyo contenido se habrían llevado a cabo decisiones sin tener en cuenta la legislación vigente.
Este acuerdo garantizaría una pensión complementaria a la pensión pública que recibirían los bomberos en el caso de que pasaran a la situación de segunda actividad desde los 58 años hasta su jubilación efectiva a los 65 años.
Los investigadores encontraron irregularidades en el área de formación, en convenios suscritos con un sindicato y en la justificación de la subvención recibida por el INAP, así como la contratación de la empresa elegida para impartir la formación on line para el personal del CBPC.
Esta sociedad mercantil, al parecer, habría sido creada 'ad hoc' para prestar el servicio, siendo seleccionada por el CBPC sin cumplir con los requisitos establecidos en la Ley de Contratos del Sector Público, dándose la circunstancia que la empresa no prestó el servicio contratado.
Además, según el sindicato de bomberos de Cádiz, entre las irregularidades detectadas también se refieren a viajes privados abonados con dinero público.
Además, “los responsables podrían ser condenados a indemnizar a la Hacienda Pública Estatal o al mismo CBPB por los daños y perjuicios causados, al margen de la responsabilidad penal”, así el sindicato espera que “el dinero malversado vuelva a las arcas del CBPC”.
El sindicato, indignado
Y es que “no es justo que en los últimos ocho años en el CBPC no se hayan realizado inversiones para la mejora del servicio de bomberos, alegándose por la dirección falta de medios” lo que “ha propiciado que los equipos que usan los bomberos, las instalaciones y los camiones estén obsoletos”, mientras que “un grupo selecto del CBPC, que precisamente inventaron y llevaron a cabo esta presunta trama” se beneficiaron “con indemnizaciones astronómicas de 350.000 euros de dinero público” incluso cobrando “su pensión pública de casi 2.600 euros mensuales, el límite permitido por el Gobierno”.
Por todo ello, el sindicato está personado como acusación particular y esperan que se depuren “todas las responsabilidades”.
