“Lo ocurrido en el consejo de administración de Aguas de Cádiz es absolutamente increíble e insólito”. Estos adjetivos ha utilizado el concejal de Medio Ambiente y presidente de Aguas de Cádiz (ACASA), Álvaro de la Fuente, para referirse a la designación, por parte del Partido Popular, de Ignacio Romaní como miembro de la comisión delegada que va a investigar la relación de la empresa con el director de la tesis doctoral del propio portavoz del grupo municipal popular. “Evidentemente, esta comisión nace ya herida, puesto que es absurdo lo que ha hecho el PP, que vive completamente ajeno a la realidad”, ha agregado el edil al respecto.
De la Fuente ha explicado que ayer, en el seno del consejo de administración de la sociedad, se le hizo entrega a todos los consejeros y consejeras de Aguas de Cádiz de toda la documentación que hasta el momento obra en poder de la empresa municipal. “Sin embargo, Romaní no ha mostrado ninguno de los documentos que llevó la semana pasada a la rueda de prensa que ofreció en relación a los fines con los que se supone que estaban destinadas las facturas encontradas”, ha apuntado.
Además, el presidente de ACASA ha señalado que, “en buena línea de colaboración con la recién creada comisión delegada para investigar este caso, ya se está enviando desde Aguas de Cádiz peticiones de información tanto a la Universidad de Cádiz como al Observatorio Andaluz de Responsabilidad Social para que nos respondan a determinadas preguntas y nos faciliten la información que necesitamos”. En concreto, según ha precisado, a la UCA se le va a preguntar si tenía constancia y conocimiento de las cartas que el director de la tesis de Romaní, Carlos Guillén, enviaba a Aguas de Cádiz para pedir financiación para la realización de proyectos. Y asimismo, se le va a requerir información sobre las vinculaciones entre la institución académica gaditana y el Observatorio, así como del grado de implicación del grupo de investigación de Ciencias del Trabajo en el desarrollo de las jornadas referidas en las facturas. Y al Observatorio se le va a preguntar, según ha indicado, cuáles son las razones por las que aparece la Asociación de Profesionales de Psicología Social y la Asociación de Profesionales de Responsabilidad Social Empresarial en las facturas, así como por los convenios que pueda tener con la Universidad de Cádiz, por los informes que pudieran tener y que, “en ningún momento”, han sido registrados en Aguas de Cádiz, y la justificación económica del desglose de las jornadas.
PSOE
Por su parte, según el PSOE, sus consejeras "fueron las únicas que cuestionaron en el consejo de administración de Aguas de Cádiz que fuese ético que Ignacio Romani formara parte de la comisión de investigación, al ser una de las partes implicadas en los hechos. Manifestamos nuestro criterio respecto a la falta de lógica de esta decisión".
A juicio de las consejeras, les hubiera gustado que el "presidente y concejal del equipo de Gobierno, Alvaro De la Fuente, nos hubiera apoyado en nuestro planteamiento, sin embargo, no dijo absolutamente nada al respecto". En este sentido, consideran que habría estado "bien que hubiera defendido esta posición en el transcurso del consejo de administración, que fue donde se constituyó la comisión de investigación, y no a toro pasado, al día siguiente, en los medios de comunicación". Finalmente, prevaleció el criterio de los técnicos de Aguas de Cádiz que dijeron que jurídicamente no era incompatible.
