El magistrado andaluz Juan Carlos Campo asumirá la cartera de Justicia tras más de tres décadas dedicadas a la judicatura y a la gestión, una carrera en la que ha compaginado los tribunales con cargos políticos en la Junta de Andalucía y el Gobierno central, de la mano del PSOE.
Campo, nacido en Osuna (Sevilla) en 1961, ha sido diputado en el Congreso por Cádiz, su provincia de adopción, desde 2015 y en las tres últimas legislaturas se ha hecho cargo de la portavocía de Justicia del grupo parlamentario socialista.
Exvocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el pasado diciembre ganó por concurso una plaza de magistrado en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, aunque no se incorporará a ella.
El cargo de ministro no será su primera experiencia en el Gobierno, ya que fue secretario de Estado de Justicia entre 2009 y 2011, con José Luis Rodríguez Zapatero en La Moncloa y Francisco Caamaño como ministro.
Tras licenciarse en Derecho en la Universidad de Sevilla, Campo accedió a la carrera judicial en 1987 y en 1989 ascendió a magistrado, ejerciendo en juzgados de la provincia de Cádiz hasta llegar a la Audiencia Provincial en 1991.
En 1997 fue nombrado director general de Relaciones con la Administración de Justicia de la Junta de Andalucía y entre 2001 y 2008 dio el salto a Madrid como vocal del CGPJ a propuesta del PSOE.
Tras el acuerdo alcanzado para la renovación del órgano de gobierno de los jueces en septiembre de 2008 cesó como vocal y volvió como magistrado a la Audiencia Provincial de Cádiz, destino que abandonó al poco tiempo al ser nombrado secretario de Estado de Justicia en febrero de 2009.
Campo se mantuvo al frente de esa Secretaría hasta la victoria del PP en las elecciones generales de noviembre de 2011.
Fue propuesto en 2010 por el Parlamento de Andalucía para cubrir una de las vacantes de magistrado en el Tribunal Constitucional en la renovación que se abordó en 2013, pero la Mesa del Senado descartó su candidatura, así como la del magistrado Enrique López, que propugnaba el PP.
Doctor en Derecho, profesor universitario y académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia, a finales del año pasado recibió de manos del Consejo General de los Procuradores el premio "Excelencia y calidad en la Justicia".
Como portavoz del área de Justicia del PSOE en el Congreso apoyó la derogación de la prisión permanente revisable y se opuso a reformar el sistema de elección de los vocales del CGPJ que propugnaban el PP y Ciudadanos.
En un debate entre portavoces de Justicia organizado por la Abogacía previo a las elecciones del pasado noviembre, hizo un alegato por el consenso y el diálogo ante la actual fragmentación parlamentaria.
"Hace falta el consenso de todos; no podemos estar, y ahora menos que nunca, sujetos a mayorías parlamentarias", subrayó Campo augurando la dispersión de los votos y la conformación de numerosos grupos parlamentarios diversos.
En sus manos está ahora restablecer los lazos con la carrera judicial y fiscal, que protagonizaron sendas huelgas a sus antecesores en el cargo Dolores Delgado (PSOE) y Rafael Catalá (PP), e intentar forjar difíciles acuerdos parlamentarios con los populares para renovar el Consejo General del Poder Judicial y a cuatro magistrados del Tribunal Constitucional.
Su reto, restaurar la debilitada imagen de la Justicia y defender a una carrera duramente cuestionada desde el independentismo catalán.
