CCOO se ha concentrado esta mañana ante la Subdelegación del Gobierno en Cádiz, denunciando la paralización que sufren las Ofertas de Empleo Público aprobadas por el Gobierno para la Administración General del Estado, y que supondrían la incorporación de casi 20.000 trabajadores y trabajadoras, la estabilización de más de 5.000 puestos temporales y la promoción de más de 14.000. El sindicato advierte del riesgo de colapso que se está produciendo en los servicios públicos, que ha perdido 43.000 empleadas y empleados públicos en los últimos 10 años.
“La destruccioÌn de empleo en la AdministracioÌn del Estado se acerca al 20 %, una situacioÌn agravada por las nulas OEP entre 2010 y 2014, y el establecimiento de las tasas de reposicioÌn, que han frenado el mantenimiento de una plantilla que ahora se demuestra como indispensable para tramitar el IMV, los ERTE y los subsidios de empleo del hogar, vigilar y cuidar de reclusos y reclusas en centros penitenciarios, o investigar vacunas y nuevos test para la deteccioÌn de la COVID-19, entre otros servicios puÌblicos esenciales”, recuerda JoseÌ Manuel Vera, secretario general del sector de la AdministracioÌn General del Estado de FSC-CCOO. “Esto afecta directamente a la garantiÌa de los derechos de las ciudadanas y los ciudadanos”.
CCOO advierte de que se estaÌn produciendo multitud de casos “terribles” cuando parte de las personas que han superado los procesos selectivos se encuentra en situacioÌn de desempleo, con una oposicioÌn aprobada desde hace meses y sin percibir ingresos de ninguÌn tipo. “El Cuerpo Facultativo de Archivos, Bibliotecas y ArqueologiÌa es un ejemplo escandaloso, porque deriva de la OEP de 2017. Hasta marzo de 2020, casi tres años despueÌs, no se publicoÌ la lista de aspirantes que han superado las pruebas, y desde entonces estas 13 personas estaÌn a la espera de elegir destino e incorporarse a la AdministracioÌn”.
Una situacioÌn similar se produce en lo referente a los cuerpos administrativo y auxiliar. “La convocatoria de las ofertas de 2018 y 2019 se acumuloÌ para, supuestamente, agilizar los procesos. Ha pasado casi un año desde la realizacioÌn del primer ejercicio, y estos 4.000 aspirantes aprobados siguen esperando para su incorporacioÌn, cuando en este momento seriÌan indispensables en el SEPE o la Seguridad Social, entre otros”.
El sindicato lamenta que el Gobierno opte por privatizar servicios puÌblicos en lugar de desarrollar en un plazo razonable las OEP e incorporar a personal puÌblico. “En este momento hay 19.792 plazas de ingreso libre comprometidas entre 2018 y 2019 que no avanzan, cuando alrededor de la mitad de los procesos ya cuenta con aspirantes que han superado las pruebas selectivas, y llevan meses esperando la seleccioÌn de destinos y la publicacioÌn de sus nombramientos”, recuerda Vera.
Pero los problemas del empleo puÌblico en la AdministracioÌn del Estado no quedan ahiÌ. CCOO recuerda que los procesos de promocioÌn interna y estabilizacioÌn del empleo puÌblico de caraÌcter temporal tambieÌn continuÌan frenados. “Cuando aprobamos 14.131 plazas de promocioÌn interna es porque detectamos una necesidad de personal con mayor cualificacioÌn para realizar tareas concretas. No es de recibo que el personal, que ya trabaja en la AdministracioÌn, ha superado las pruebas selectivas y en su mayor parte no tiene que elegir destino, sufra auÌn maÌs demora que los procesos de ingreso libre”, evidencia Vera.
En cuanto a la estabilizacioÌn, “a la que nos obliga la UnioÌn Europea por la alta temporalidad”, el retraso es tan grave que existe riesgo de caducidad de las ofertas, que suman 5.390 puestos. “El propio Gobierno se ha visto obligado a ampliar el plazo de tres años para evitar esta situacioÌn”.
Esta denuncia se enmarca en la campaña de movilizaciones que CCOO inicioÌ en junio para exigir al Gobierno el cumplimiento de los acuerdos firmados en la AdministracioÌn General del Estado. El sindicato considera injustificables los retrasos, en muchos casos superiores al año y medio, y mantiene un calendario de concentraciones que, tras las de Madrid y Granada, se replicaraÌn en Ferrol, CaÌdiz, MaÌlaga, Albacete, Sevilla y, de nuevo, Madrid. Entre otros, aluden a los recortes salariales por la no aplicacioÌn del IV Convenio UÌnico para el personal laboral, la ausencia de avances respecto a la jubilacioÌn anticipada parcial, la paralizacioÌn de la negociacioÌn del III Plan de Igualdad, la no publicacioÌn del protocolo de acoso sexual y por razoÌn de sexo, las deficiencias en la ejecucioÌn de la distribucioÌn de los Fondos Adicionales 2018-2020 o el desarrollo del Estatuto BaÌsico del Empleado PuÌblico mediante la Ley de FuncioÌn PuÌblica AGE.
Por su parte, el subdelegado del Gobierno en Cádiz, José Pacheco, atendió a los manifestantes para conocer de primera mano sus demandas.