La plataforma indica que el equipo de Gobierno del Ayuntamiento “tiene que entender que querer llevar a cabo este proceso sin el acuerdo de los vecinos es un fracaso anticipado, igual que el proceso iniciado en el año 1998, con millones de las antiguas pesetas entregadas a fondo perdido y que seguimos preguntándonos en que dotación del balance de pasivo del patrimonio de la Gerencia Municipal de Urbanismo se encuentran”.
El colectivo insiste en que “la expectación es máxima entre los afectados sobre la próxima publicación del estudio de cargas del área de gestión básica (AGB) de Pinares de Chiclana (Rana Verde)” y señala que “la valoración de las unidades de aprovechamiento es un hecho fundamental para corroborar todo lo denunciado por esta plataforma”.
Los vecinos integrados en la plataforma admiten que “los costes de urbanización serán los que digan los estudios técnicos sin lugar a dudas”, pero consideran primordial que las cargas urbanísticas “se encuentren establecidas en base a unas valoraciones legales y justas; se realicen las interpretaciones sobre el 10 por ciento de cesión previa de viarios y vías pecuarias ya existentes; que el cien por cien de las cantidades abonadas por los afectados repercuta sobre los proyectos de ejecución urbanísticos de cada área, y la solicitud de ayudas mediante los fondos de cohesión europeos para los sistemas generales y extensibles al resto de AGB”.
Otro punto innegociable para la Plataforma de Vecinos Afectados por la Regularización es el establecimiento de un canon para el pago de los trabajos de infraestructuras necesarios para la regularización de las viviendas. En este sentido apuntan que “es indispensable un canon de los sistemas generales que facilite el pago a las familias, y por supuesto asumir la realidad urbanística del extrarradio en el nuevo planeamiento, disminuyendo las unidades mínimas de las parcelas para regularizarse en todas las AGB”. La plataforma exige “soluciones legales para abaratar las cargas” y asegura que “las hay”.
