Apostar por la regeneración de aguas residuales como apoyo para evitar crisis por sequías en el futuro. Esta es la principal conclusión resultante del encuentro Publicaciones 7.0 'Retos del agua' celebrado en el edificio UCA-SEA de Algeciras, organizado por Publicaciones del Sur y 7TV, con el patrocinio de Aqualia y la colaboración de Arcgisa y la UCA.
Conducido por Ana Huguet, el espacio unió a los actores principales de la industria del agua, desde los responsables de empresas suministradoras a alcaldes, pasando por la Junta de Andalucía.
Uno de los titulares de la jornada lo dejó Consolación Vera, viceconsejera de Agricultura, Pesca y Agua de la Junta, quien señaló que el gobierno andaluz considera como una "prioridad absoluta" la regeneración de aguas y que, por ello, se muestra ambicioso respecto al futuro. De hecho, aseguró que en 2019 solo se usaba un 4% de aguas depuradas, cantidad que ha crecido hasta un 17,5% en 2023 y que está previsto que se doble, hasta un 35%, en 2026, antes de la finalización del actual plan hidrológico.
Vera apuntó al Gobierno central, a quien pide un esfuerzo para colaborar con la Junta en los proyectos relacionados con el agua y que espera se pueda llegar al 100% de aguas regeneradas en el futuro, aunque ahora están acotados a la "capacidad inversora" en estos años. También señaló que, además de la regeneración, se ha apostado por otras fuentes como pequeños trasvases, el cuidado de los acuíferos y la desalación. Sobre este último punto, la viceconsejera explicó que se están revisando el próximo plan hidrológico y un nuevo plan de desalación, como podrían ser nuevas desaladoras en zonas como la provincia de Cádiz, donde no se ubica ninguna actualmente.
Posteriormente, en una mesa técnica formada por los protagonistas de la industria del agua, los prestadores de servicio pidieron a la Junta trabajar en el sentido de la simplificación administrativa para agilizar los trabajos e inversiones y conseguir tenerlas operativas lo antes posible.
Emilio Fernández, director de la delegación Andalucía I de Aqualia, mostró su sorpresa porque las obras relacionadas con el agua no se encuentren contemplados dentro de la ley de simplificación administrativa. "Es una demanda que tenemos en el sector", comentó. Además, añadió que, con la legislación actual, desde que se propone la idea de una infraestructura acuífera hasta que se completa la obra pueden pasar "entre 10 y 12 años", unos tiempos que "con las sequías no se pueden permitir". "Vamos con retraso", añadió.
El director de la empresa pública de agua y residuos del Campo de Gibraltar, Arcgisa, José Manuel Alcántara, abundó en este tema y detalló que, para un simple cambio de tarifa, pueden tardarse "hasta ocho meses" y que, si por ello se incurre en déficit de la empresa "ese coste repercute en el usuario". Además, en concreto sobre las aguas regeneradas, el propio Alcántara que es importante elegir el modelo que se seguirá, bien sea costeado por las administraciones o por los usuarios, teniendo en cuenta la diferencia de coste entre el agua regenerada y la de pantano. Sobre esto, puso el ejemplo que usa en la comarca, que prevé regeneral el 40% para 2027, a cargo de los usuarios, aunque de momento solo para usos recreativos y de riego. "En cada zona hay que analizar la situación porque si nos equivocamos planificando el agua, estamos condenando el futuro", incidió.
Fernández también apuntó que, actualmente, "hay tecnología para hacer agua potable a partir de residuales", algo que apoyó Alcántara, que entiende que es importante "quitarse los miedos" con este tipo de tratamientos.
Álvaro Rueda, director general de infraestructuras del agua de la Junta, explicó que el gobierno andaluz está haciendo lo posible por simplificar algunos trámites dentro de sus competencias. Como ejemplo, puso la presa de Gibralmedina, cuyo proyecto están redactando para que esté en marcha lo antes posible. Además, aclaró que el objetivo que se marcan es "la garantía hídrica de Andalucía" y que, a falta de intervenir de urgencia", se hará "con planificación e inversiones programadas".
El catedrático de Tecnologías Ambientales de la UCA José María Quiroga abordó el tema desde el enfoque de la ciberseguridad. "Las instalaciones de agua son estratégicas y susceptibles de sufrir un ataque", resaltó, considerando un "reto importante" contar con una planificación que abrirá "muchas puertas".
También los alcaldes de algunos municipios afectados por la sequía tomaron la palabra. El de Algeciras, José Ignacio Landaluce, destacó el trabajo en la línea de proyectos como la depuradora de la ciudad, para la que se prevé una inversión de 15 millones para depurar 20.000 millones de litros y para la que estima un plazo de dos años. Además, explicó que la ciudad está aprovechando, con ayuda de la Junta, los manantiales propios para que las restricciones no afecten "a la economía de Algeciras".
Por su parte, Juan Franco, alcalde de La Línea, opinó que "el agua es barata", sobre todo comparada con tarifas de teléfono y otros servicios. Además, consideró que existe un "debate artificial" respecto a las subidas de precio cuando son necesarias, un temas "espinoso" pero que "se explica a la gente y lo entienden cuando se tiene que subir".
El regidor de Tarifa, José Antonio Santos, detalló que su ciudad trabaja en la vía de las aguas reutilizables e, incluso, resaltó la concienciación de la población. "Si hay una fuga, avisan rápidamente, que antes no pasaba tanto", aseguró. Santos comentó que no quiere que Tarifa "se quede atrás" en temas de agua y espera contar pronto con una desalinizadora en el municipio.
También dio su opinión Javier Ruiz, alcalde de Rota, que se posicionó del lado de Franco respecto a los precios del servicio, de los que dijo "hay margen de subida" y que en su municipio se está alcanzando un 91% de eficacia de la red, dato que le hace sentir orgulloso.
