El Gobierno ha aprobado hoy el real decreto-ley sobre la reforma del modelo de estiba, que tiene que ser convalidado en un plazo máximo de un mes por el Congreso, donde de momento no tiene garantizado el respaldo suficiente para salir adelante.
La reforma, exigida por una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, cuenta con el visto bueno de la Comisión Europea (CE) y el consenso de las empresas estibadores, pero es rechazada por los sindicatos, que han convocado una huelga de nueve jornadas alternas en marzo, coincidiendo con el período del trámite parlamentario de la nueva ley.
El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha explicado que el real decreto se ajusta estrictamente a la sentencia, que exige liberar el sector -el único en España donde no existe la libre contratación de los trabajadores- y establece la máxima flexibilización para mantener los derechos de los trabajadores y la igualdad competitiva de las empresas.
Facilita la subrogación mediante la financiación por parte de las Autoridades Portuarias de los derechos que han ido generando los trabajadores a lo largo de su vida laboral, y hay un plazo para la adaptación de los convenios colectivos, donde se pueden acordar cuestiones que plantean los sindicatos, como la subrogación, la formación o la organización del trabajo, ha destacado el ministro en la conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Tras la aprobación del decreto, la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar (CETM), el sindicato mayoritario de estibadores, ha reafirmado la convocatoria de huelga, ya que cree que la nueva regulación "va mucho más allá de lo que pide Europa y no responde a la defensa de los intereses de los ciudadanos españoles, sino al de las grandes empresas, muchas de ellas multinacionales".
UGT ha acusado al Gobierno de provocar una crisis innecesaria en el sector, al aprobar "a las bravas y sin consenso" el real decreto que "acarreará altos índices de precariedad e inseguridad, y cuyos máximos beneficiarios serán las empresas multiservicio y de trabajo temporal".
Los estibadores y la patronal Anesco tienen abierto un proceso de diálogo en la negociación colectiva, bajo la mediación del presidente del Consejo Económico y Social (CES), Marcos Peña, nombrado por el Ministerio de Empleo a petición de ambas partes.
La próxima reunión está prevista para el martes y el ministro ha pedido que "intensifiquen" el diálogo, al tiempo que insta a la responsabilidad de los partidos políticos porque, si no se convalida el documento, se entraría en "un bucle sin fin y tendríamos que pagar 134.000 euros de multa todos los días".
La presidenta andaluza, Susana Díaz, ha instado al Gobierno a dialogar con los trabajadores porque, según ella, cuando se intenta gobernar desde el "ordeno y mando" se "quiebra" la negociación colectiva, el diálogo entre patronal y trabajadores y se producen huelgas.
Díaz ha añadido que hay que cumplir la sentencia y con la ley, pero "con diálogo con la empresa y los trabajadores", posición que espera que el PSOE defienda en el Congreso.
La secretaria general de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, ha rechazado la reforma y ha exigido al PSOE y a todos los grupos que "se han hecho la foto con los estibadores que den la cara y voten en contra del real decreto".
Ante el temor a posibles desabastecimientos por la huelga, Fomento tiene preparado un plan de contingencia que consiste en unos servicios mínimos del cien por cien para las operaciones que afecten a mercancías perecederas y peligrosas, a pasajeros, a situaciones de emergencia y a productos esenciales para las islas, Ceuta y Melilla, además de otras medidas para evitar colapsos en las autovías que conectan con los puertos.
De la Serna ha advertido de que una huelga de estas características produce un daño importante a la economía porque las empresas toman decisiones sobre el transporte de carácter temporal de utilización de otros puertos durante la huelga que "pueden convertirse en definitivas".
El presidente de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), Salvador Navarro, ha alertado de que el recrudecimiento del conflicto nacional en los puertos valencianos tras la aprobación del decreto puede tener "desastrosas consecuencias" para la economía valenciana.
