La Asociación Defensa Ciudadana Activa ha solicitado estos días ampliar los mismos para completar el expediente informativo que mantienen sobre el reciente cierre de la residencia de mayores de La Línea.
Tras solicitar datos económicos sobre la privatización del servicio de asistencia, ahora en manos de ASANSULL, en esta ocasión DCA solicita los documentos técnicos y presupuestos iniciales de la residencia que se inició en Santa Margarita. Además, solicitan los informes y documentación que concluyeron con la paralización de las obras, y por último los documentos y presupuestos actuales que se están utilizando para anunciar la finalización de las obras en los próximos años.
“Queremos tener toda la información ya que es un proyecto bastante grande que ha sufrido demasiadas irregularidades, y que dudamos se haya gestionado de la forma más eficiente“, indicaron.
Desde el colectivo ciudadano se pide, además de la aportación al grupo ASANSULL de aproximadamente 600 mil euros anuales que corresponderían al convenio para el cierre de la residencia pública existente, el número e importes de las subvenciones que se hayan aportado en los últimos años a estas actividades en el municipio. “Nuestros socios nos hacen llegar su inquietud por la paulatina privatización de servicios y como mínimo creemos que debe conocerse el coste que tienen para el ciudadano, de modo que pueda compararse con el coste actual de esos mismos servicios en otras instalaciones públicas.”
DCA insiste además en que “quizás no tengan que remitirnos documentación porque, dependiendo del importe de lo subvencionado, creemos que algunas entidades entrarían en el ámbito de actuación de la Ley de Transparencia, y deberían tener publicados en su página web estos datos económicos“, aunque esperan de la administración pública confirmación, “teniendo en cuenta su interés por el respeto de la normativa y la obligada supervisión de las entidades beneficiadas“.
Por último DCA solicitó también el sobrecoste que está teniendo para la Diputación el traslado de los trabajadores de la residencia de La Línea a otros puestos de la provincia, ya que “eso debería sumarse al coste de la privatización. Lamentablemente no podemos valorar el coste que tiene para ellos este cambio, sobre todo por la cantidad de horas que pasan actualmente en carretera, pero como mínimo debemos conocer qué números ha utilizado la administración pública para que le salga favorable privatizar un servicio tan esencial como la asistencia a mayores.
