Los alcaldes de Izquierda Unida de la provincia de Cádiz han vuelto a demandar a la Junta de Andalucía el cumplimiento de la ley autonómica en lo que respecta a la participación de las entidades locales en los tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, conocida como Patrica. Los primeros ediles, con el coordinador provincial de IU y alcalde de Medina Sidonia, Fernando Macías, a la cabeza, han dado la voz de alarma sobre la congelación de estos pagos a los que está obligado la Junta de acuerdo con el art. 192.1 del Estatuto de Autonomía de Andalucía y de la Ley 6/2010 de 11 de junio, por la que se regula la Patrica; “denunciamos el ahogo financiero al que la Junta somete a los ayuntamientos, que día tras día prestamos servicios que no son de nuestra competencia a la ciudadanía, mientras el Gobierno andaluz no cumple con su obligación, mermando así la autonomía de los municipios”, apunta Macías.
El coordinador provincial recuerda que “no estamos pidiendo siquiera el incremento de la Patrica, sino simplemente el cumplimiento de la ley por parte de la Junta, hay que recordar que pese al incremento de los presupuestos andaluces, la Patrica sigue congelada, por lo que están privando a los municipios de los pueblos de la provincia y del resto de Andalucía de miles de euros que servirían para prestar servicios públicos de calidad”.
Traducida la denuncia a datos concretos, los municipios gobernados por IU en la provincia de Cádiz han dejado de percibir de la Junta de Andalucía desde 2013 a 2018 más de siete millones de euros por el impago de la Patrica, concretamente y por orden de cuantía, 1.831.913,87€ Conil, 1.163.295,74 € Medina, 971.549,27€ Jimena, 794.154,15€ Bornos, 7171.209,75€ Trebujena, 590.761,17€ Espera, 548.905,90€ Alcalá del Valle y 503.538,23€ Castellar. La cantidad total que se estima que la Junta adeuda a la totalidad de ayuntamientos de la provincia se sitúa en 98.506.358,65€. Para el dirigente provincial, “se trata de unas cantidades que suponen un verdadero alivio para los ayuntamientos porque no son fondos condicionados, es decir, que los ayuntamientos pueden gastarlos en aquello que más falta haga en cada pueblo, ya que lo contrario, la financiación finalista, supone una verdadera injerencia en la autonomía local”.
El responsable provincial de Política Municipal de IU y alcalde de Bornos, Hugo Palomares, denuncia el papel que la Junta de Andalucía destina a los ayuntamientos. Según recrimina, “nos convertimos en banqueros de la Junta, asumiendo el pago de unos servicios que le competen al Gobierno andaluz pero que luego no nos abonan, lo que nos lleva a la asfixia económica a los ayuntamientos”. Palomares defiende además, la necesidad de que se aumenten los fondos no finalistas como la Patrica, “que podemos usar libremente y adaptar a las necesidades de cada territorio, que evidentemente no son las mismas”.
Los alcaldes de IU quieren concienciar a la ciudadanía sobre este “déficit financiero que no debe quedarse en titulares, ya que cada día puede afectarle en la prestación de servicios como la limpieza de los colegios públicos, los servicios sociales, la aplicación de la Ley de Dependencia, los centros integrales de atención a la mujer y un largo etcétera de atención que se presta desde los ayuntamientos a la ciudadanía sin que tengamos apenas recursos”, apunta el coordinador provincial de IU Cádiz, Fernando Macías.
Izquierda Unida presentará en los ayuntamientos de toda la provincia y del resto de Andalucía mociones a favor de que se inste al Gobierno de la Junta a cumplir en los Presupuestos para 2019 con la Ley 6/2010, de 11 de junio, reguladora de la Participación de las Entidades Locales en los Tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, alcanzando así el Fondo de Participación los 600 millones de euros fijados para 2014. Asimismo, se solicitará a la Junta que suscriba un acuerdo con las entidades locales que reintegre progresivamente la “deuda histórica” de 540 millones de euros hasta 2017 con las entidades locales de Andalucía y establezca los plazos de pago de la misma durante en un periodo de tiempo pactado.
