La delegada del Gobierno de la Junta en Cádiz, Ana Mestre, ha aplaudido la aprobación, en el Consejo de Gobierno de ayer, del Decreto Ley de Medidas Urgentes para la Adecuación Ambiental y Territorial de las Edificaciones Irregulares, con el que se quiere resolver una situación que en Andalucía afecta a más de 300.000 familias y que en la provincia de Cádiz atañe a 45.000 viviendas repartidas entre bahía de Algeciras, bahía de Cádiz, Jerez, Costa Noroeste , Janda y Sierra “poniendo fin a años de caos jurídico y urbanístico con una norma basada en la protección ambiental y la simplificación de trámites”.
Tal y como ha explicado la delegada, “esta norma, en cuyo desarrollo será fundamental la colaboración de los propietarios y los ayuntamientos afectados, trata de integrar, normalizar y equilibrar el territorio andaluz, además de dar una respuesta clara a los dueños de estas edificaciones repartidas por toda la comunidad”.
Así, Ana Mestre ha explicado que “los datos recabados por la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, es una estimación realizada por los servicios de inspección que registran una cifra que rondaría las 45.000 viviendas irregulares en la provincia de Cádiz”, especificando el número por diferentes zonas: bahía de Cádiz-Jerez, 16.951; La Janda, 6.841; bahía de Algeciras, 5.358; Costa Noroestes, 6.841; Serranías de Cádiz y Ronda, 14.078.
Ana Mestre ha recordado que “en Andalucía existe un grave problema generado por las edificaciones irregulares construidas al margen de la legalidad urbanística sobre las que ya no es posible adoptar medidas para el ejercicio de la potestad de protección de la legalidad urbanística y restablecimiento del orden jurídico, al haber transcurrido el plazo del que dispone la Administración para actuar sobre las mismas”.
Con este decreto ley, recuerda la delegada, “no se quiere dar una amnistía”, explicando que “se priorizará la actuación inspectora y sancionadora, pero al mismo tiempo se da una respuesta a la problemática actual sustentándose la norma en tres pilares. Primero, ampliar la declaración de asimilado a fuera de ordenación (AFO) que permite que los propietarios accedan al Registro de la Propiedad y a servicios básicos como el agua, la luz y el saneamiento, así como la posibilidad de realizar obras de conservación y mantenimiento.
Seguidamente, la obligación de que los asentamientos deben figurar en los planes generales y, una vez superado ese paso, los ayuntamientos tendrían que desarrollar un plan especial o un plan parcial para cada uno de los asentamientos. Así, en cuanto a las que se podrán regularizar de todas ellas, dependerá de si cumplen los requisitos y de la voluntad de propietarios y los propios consistorios.
Por último, la incorporación de las agrupaciones de viviendas irregulares de carácter urbano a los planes generales. Los ayuntamientos deben prever en sus PGOU una serie de servicios mínimos, como equipamientos públicos o zonas verdes, si pretenden incorporar un asentamiento como urbano o urbanizable.
Con todo ello, Ana Mestre ha insistido en valorar el “compromiso” del nuevo Gobierno de la Junta de Andalucía de “hacer frente a un problema ya convertido en endémico y que los anteriores gobiernos no han conseguido solucionar”, afirmando que desde el Gobierno de la Junta en Cádiz “se priorizará la actuación inspectora y sancionadora para que no se vuelva a producir el problema, aplicando así la competencia en materia de disciplina urbanística”.
