Los sindicatos CCOO y UGT han señalado hoy que la crisis sanitaria “ha puesto de manifiesto la debilidad de la prevención de riesgos laborales”. En el marco de la conmemoración del 28 de abril, Día Internacional de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, desde ambas centrales sindicales en el Campo de Gibraltar han querido recordar “a las personas trabajadoras y a sus familias afectadas, que están detrás de las estadísticas de accidentes y enfermedades laborales. Nuevamente, desde las organizaciones sindicales han denunciado las precarias e injustas condiciones de trabajo que están en el origen de esta lacra social y realizan propuestas de cambio en la normativa y en las políticas para mejorar la salud y la seguridad de la clase trabajadora”.
El pasado año 2019 se produjeron en la comarca un total de 3.265 accidentes laborales, en los que fallecieron dos trabajadores. Y en lo que va de este año 2020 ya son cinco las personas fallecidas en los centros de trabajo del Campo de Gibraltar, según los sindicatos.
Para ambos, “el de 2020 no puede ser un 28 de abril como el de otros años; por cuanto enfrentamos a una crisis mundial de salud pública como no se recordaba desde hace algo más un siglo, una pandemia que en España ya ha supuesto el contagio de centenares de miles de personas, ha tensionado los sistemas sanitarios más allá de sus límites, ha paralizado gran parte de la actividad económica del país y, lo que es más grave y doloroso, se ha llevado decenas de miles de vidas. Este año nuestro recuerdo debe ser para esas víctimas, pero también para todas aquellas personas que desde sus puestos de trabajo se han convertido en el principal baluarte de defensa frente a la enfermedad, poniendo en riesgo su salud y, en demasiadas ocasiones, sus propias vidas. Año donde se ha puesto de manifiesto el valor de los servicios públicos a todos los niveles”.
“No podemos olvidar la gestión sanitaria, social y económica del actual gobierno de España. Gobierno de marcado carácter progresista que, en un corto espacio de tiempo, ha sido capaz de legislar normas de verdadero calado y protección a la clase trabajadora y el conjunto social, haciendo valer la idea de las personas en primer lugar” han añadido desde las centrales sindicales.
CCOO y UGT han recordado que han venido alertando de la reducción de inversiones en prevención de riesgos laborales en las empresas y de financiación de políticas públicas activas en materia preventiva. “En la última década asistimos a un repunte de los accidentes de trabajo, al ocultamiento y subregistro de las enfermedades profesionales”
Para los sindicatos, la debilidad del sistema preventivo ha sido patente por la configuración de la prevención como un negocio y no un derecho, la externalización de su gestión, unas ratios inasumibles de empresas por cada uno de sus técnicos, hasta más de 200 en algunos casos.
“La llegada de la pandemia de COVID-19 ha terminado por visibilizar las tremendas limitaciones de los servicios de prevención, fundamentalmente ajenos a través de las Mutuas y también los propios, a la hora de hacer frente al reto de evaluar y establecer medidas preventivas para limitar las exposiciones al virus, convirtiendo en papel mojado las instrucciones de las autoridades sanitarias, solicitando incluso de manera irresponsable, ERTEs para parte de sus plantillas, cuando deberían haber actuado en primera línea en los centros de trabajo y de la prevención en las empresas”.
“Pero también se ha echado en falta en este contexto una mayor presencia de las instituciones públicas en el ámbito laboral. Tanto a nivel estatal, siendo el ejemplo más palpable el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, como en Andalucía con una nula coordinación entre la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo y la Consejería de Sanidad y Familias. Resulta inverosímil que, ante los incumplimientos de los protocolos sanitarios en las empresas, las personas trabajadoras y sus representantes sindicales se hayan visto indefensos ante una Inspección de Trabajo que renunciaba de facto a paralizar actividades por riesgo grave e inminente de contagio ante el nuevo coronavirus o a proponer sanciones en una mayoría de situaciones, aludiendo a un criterio del Organismo Estatal de la ITSS; y por otro lado una Inspección Sanitaria que ha estado desaparecida en estos momentos de crisis en los que su papel debería haberse reforzado por la Consejería de Salud y Familias”, señalan.
Pese a todo, añaden, desde UGT y CCOO siguen “trabajando para afrontar esta crisis sanitaria haciendo lo que mejor sabemos: realizando propuestas de protección y vigilando para que se cumplan las medidas y protocolos de contención de la epidemia. Así mismo, defendiendo a la clase trabajadora denunciando donde sea preciso y exigiendo el cumplimiento de la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, normativa que recordamos ha de cumplirse, incluso durante el estado de alarma. Contamos con un equipo irremplazable para llevar a cabo esta tarea, como son los miles de delegados y delegadas de prevención y los comités de seguridad y salud que trabajan cada día en los centros de trabajo, para garantizar unas condiciones de seguridad y salud adecuadas para sus compañeras y compañeros”.
Por último, “en estos días son muchas las voces que insisten en que tras la pandemia se configurará un mundo diferente, aunque nadie se atreve a asegurar cuál va a ser la dirección de esa reformulación. En la pequeña escala del ámbito de la prevención española es necesario un cambio de paradigma, para que la salud y la seguridad de las personas trabajadoras se conviertan en la prioridad inexcusable y el eje sobre el que pivote todo el sistema. Pero para ello, será necesaria la movilización del conjunto de la clase trabajadora, no sólo de nuestro país, para que el sistema económico y de relaciones sociales que nos dotemos no se contraponga a la salud y la vida”.
