Representantes de las autoridades judiciales, junto a numerosos agentes de la Policía Nacional, han comenzado esta mañana a recorrer las viviendas presuntamente okupadas de la calle Poeta Juan Ramón Jiménez, en La Línea, donde se alojan un total de 22 familias, para proceder al desahucio en aquellos casos en los que proceda.
Tal y como señalaban ayer fuentes de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca del Campo de Gibraltar (PAHCG), varias de estas familias –al menos siete, según le consta a la entidad- están en situación de vulnerabilidad y amparados por el reciente decreto antidesahucios del Gobierno.
Es el caso de Ana Vanessa, que ha ejercido de portavoz de los okupas estos últimos días. Su abogado ha logrado un acuerdo con los representantes de la entidad financiera del grupo BBVA propietaria de las viviendas para otorgarle un aplazamiento hasta el 4 de marzo. Finalmente, 21 de las 22 familias okupas han logrado la misma moratoria. Todos salvo un vecino que se encontraba ausente y al que han tapiado la puerta.
Ana Vanessa tiene dos hijas, una de ellas con una discapacidad reconocida del 68% y, además, contagiada de Covid-19, por lo que está en aislamiento domiciliario.
Según ha explicado su abogado, va a proseguir las negociaciones para tratar de prolongar ese aplazamiento hasta el 9 de mayo, que es cuando finaliza el estado de alarma decretado en la actualidad.
Su abogado ha explicado que conoció el caso ayer mismo y que la propia Ana Vanessa le explicó que “tenía una casa en La Alcaidesa y la echaron. Según cuenta, fue la Policía la que la echó y le cogieron la llave, que no volvieron a entregarle. Entró aquí, en esta casa, de buena fe. No entró a la fuerza, le dieron una llave”.
La PAHCG explicó ayer a VIVA que al menos tres de las familias tienen casos de Covid, otro de los motivos que alegan para paralizar el desahucio.
Ana Vanessa narró ayer que el pasado diciembre recibieron notificación del desahucio tras reclamación por parte de la entidad bancaria BBVA, para esta mañana.
La propia portavoz explicó que estaba con síntomas y tenía hoy la prueba, si bien explicó a este medio que ha dado negativo. Es por ello que expresaba su perplejidad ante la continuidad de la medida de desahucio a pesar de la situación. Asegura que, además del de su hija, hay más casos de infección por Covid-19 entre los afectados.
Ana Vanessa, que subsiste sólo con 360 euros de la Ley de Dependencia, asegura que se sienten desamparados por los servicios sociales municipales, tras varios años solicitando un alquiler social. Agregó que un abogado se ha interesado por el caso y que tienen el apoyo de la Plataforma Antidesahucios.
