El pleno municipal del Ayuntamiento de La Línea de la Concepción ha aprobado iniciar el proceso para la convocatoria de una consulta popular para solicitar al Gobierno la condición de ciudad autónoma.
Lo hizo con los votos a favor del partido del gobierno local, La Línea 100x100, que tiene 21 ediles, incluido el alcalde, Juan Franco, con la abstención de los tres concejales del PSOE y el rechazo del PP, con un único concejal.
El proceso, según expone la propuesta, se extendería entre seis y ocho meses antes de poder celebrar la consulta, siempre y cuando el Gobierno de la Nación autorizase antes su celebración.
Franco argumentó que La Línea es el único municipio español que tiene reconocida su singularidad y señala el desequilibrio que, a su juicio, tiene la ciudad respecto a Gibraltar, territorio con el que comparte frontera, a nivel fiscal.
Insiste, además, en que La Línea es “una ciudad maltratada históricamente” y que necesita “alguna solución” que aboga por que sea esa condición de ciudad autónoma.
El PSOE, por su parte, expresó su preocupación por las consecuencias económicas y políticas que podría tener el propio proceso de consulta en caso de una negativa por parte del Gobierno y comparó la actitud del equipo de gobierno local con la de los responsables del “Procés” catalán.
El PP, en un comunicado, calificó la medida como “un engaño político” y considera que se trata de “populismo” para “a engañar a los ciudadanos jugando con el sentimiento linense”.
El texto íntegro de la pregunta sería: “¿Cree usted conveniente que el Ayuntamiento de La Línea de la Concepción eleve al Gobierno de la Nación y a las Cortes Generales una petición para instar la conversión del municipio en comunidad autónoma, de acuerdo con el art. 144 a) de la Constitución Española?”.
En su caso, correspondería a las Cortes Generales apreciar la concurrencia del interés nacional que fundara la conveniencia y oportunidad de dotar a La Línea, a través de una Ley Orgánica, de la condición de ciudad autónoma.
El Ayuntamiento contrató los servicios de la Universidad Complutense de Madrid para la elaboración de un dictamen, por parte del catedrático de Derecho Constitucional Antonio de Cabo de la Vega, relativo a la viabilidad jurídica del proyecto.
Dicho dictamen jurídico, de fecha 3 de julio del 2019, señala que esta pretensión ofrecería “un régimen orgánico-funcional, competencial y de gobierno político similar al instaurado en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla”.
El municipio se situaría así en “una posición intermedia entre el régimen orgánico-funcional y competencial que actualmente disfruta y el estatus de las actuales comunidades autónomas”.
