El Equipo de Delincuencia Urbanística de la Guardia Civil de Cádiz ha desarticulado una organización supuestamente dedicada a la especulación urbanística en Chiclana de la Frontera, donde han puesto a disposición judicial a 38 personas --seis detenidos y 32 imputados-- por la presunta comisión de delitos de falsedad documental, contra la ordenación del territorio, estafa y organización criminal.
Según ha indicado la Benemérita en un comunicado, la denominada 'Operación Yate' se inició para la investigación de diversos delitos que se venían cometiendo en el término municipal de Chiclana, con motivo de la compra de fincas y su posterior división en parcelas para construir viviendas unifamiliares de forma ilegal.
Como consecuencia de estas investigaciones, se detectó que varias empresas del sector inmobiliario se estarían dedicando a comprar fincas en suelos donde el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Chiclana no permitía usos residenciales, con la intención de dividirlas en parcelas, para luego venderlas por separado.
Para conseguir vender estas parcelas necesitaban obtener notas simples registrales de las mismas. Para obtenerlas, supuestamente utilizaban los servicios de un arquitecto, que emitía certificados de antigüedad firmados por técnicos competentes a nombre de los solicitantes o testaferros, para ocultar los nombres de los promotores/constructores. En estos documentos decían que en las fincas objeto de venta había viviendas de más de cuatro años de antigüedad.
Con estos certificados, tras ser visados por el Colegio de Arquitectos, los promotores/constructores, conseguían que los notarios autorizaran en escrituras públicas las declaraciones de obra nueva de viviendas que no existían. Acto seguido, procedían a la división horizontal de estas supuestas viviendas, en tantos departamentos como permitiesen las dimensiones de la vivienda declarada, a los que les correspondía una parte proporcional del terreno. Finalmente los inscribían en el Registro de la Propiedad de Chiclana.
Así las cosas, sólo tenían ya que pedir la nota simple de la parcela que querían vender, para convencer a los compradores de que estaba en regla y para utilizarla en notaría como documentación registral del bien inmueble que se vendía. Después anunciaban las parcelas en las inmobiliarias de la zona. Una vez encontraban compradores les vendían las parcelas, con o sin vivienda construida, según los casos.
Si los compradores necesitaban financiación ajena para comprar la parcela y construir la nueva vivienda, entonces acudían a agentes financieros, que estaban supuestamente en connivencia con los promotores/constructores, quienes se encargarían de realizar las gestiones necesarias para la obtención de los préstamos hipotecarios, llegando a falsificar la documentación relativa a la información económica de los solicitantes.
Como la vivienda a hipotecar todavía no estaba construida, los tasadores tasaban otras viviendas para que fueran valoradas como objeto de la garantía de los préstamos hipotecarios. Una vez realizado el informe de tasación y validado por la empresa tasadora, se remitía a la sucursal financiera para comprobar la viabilidad de la operación, junto con las nóminas de los compradores, llegando incluso a falsificarlas. Finalmente se vendían las parcelas y se construían las viviendas, con lo que los promotores/constructores obtenían importantes beneficios.
Para evitar las consecuencias legales que estos delitos podían acarrearles, habrían urdido todo un entramado de sociedades interpuestas y testaferros, evitando así figurar en documentos públicos o privados, a la vez que eludían las sanciones impuestas por la Gerencia Municipal de Urbanismo en los expedientes urbanísticos incoados al respecto, y las reclamaciones de Hacienda de la Junta de Andalucía por el impago del Impuesto de Sucesiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, pues se cuidaban de que los testaferros que utilizaban fuesen insolventes.
Por todos estos hechos se ha procedido a la detención de seis personas y a la imputación de otras 32, entre los cuales figuraban promotores, constructores, arquitectos, arquitectos técnicos, tasadores, abogados, agentes de la propiedad inmobiliaria, agentes colaboradores de entidades financieras, testaferros y particulares, todos los cuales han sido puestos a disposición del Juzgado número tres de los de Chiclana de la Frontera.
Libertad con cargos
Las 38 personas detenidas por la Guardia Civil en el seno de la 'Operación Yate', por la que se ha conseguido desmantelar una organización supuestamente dedicada a la especulación urbanística en Chiclana de la Frontera (Cádiz), se encuentran en situación de libertad con cargos.
Fuentes de la investigación han indicado a Europa Press que la autoridad judicial ha decidido dejar en libertad con cargos a estas 38 personas --seis detenidos y 32 detenidos-- acusadas de la supuesta comisión de delitos de falsedad documental, contra la ordenación del territorio, estafa y organización criminal.
Las mismas fuentes han detallado que uno de los arquitectos supuestamente implicados en esta trama también lo estuvo en el conocido como 'caso Obra Nueva', que salió a la luz en el verano de 2007. La investigación se inició a raíz de la denuncia presentada por un particular en mayo de ese año y culminó con la detención de 12 personas y la imputación de otras tres. Entre los detenidos por esa trama urbanística, también en Chiclana, figuraban promotores, agentes inmobiliarios, abogados urbanistas, arquitectos y tasadores.
En esta ocasión, la 'Operación Yate', también desarrollada por la Guardia Civil, se inició para la investigación de diversos delitos que se venían cometiendo en el término municipal de Chiclana, con motivo de la compra de fincas y su posterior división en parcelas para construir viviendas unifamiliares de forma ilegal.
