Los cuatro empresarios de Chiclana de la Frontera (Cádiz) acusados de un delito de homicidio imprudente por cambiar a un trabajador que sufrió un accidente laboral el uniforme por ropa de calle antes de llevarlo al hospital, donde falleció, han quedado en libertad con cargos.

A finales del pasado mes de enero, la Guardia Civil recibió un requerimiento de un juzgado de Chiclana para que iniciara una investigación sobre un posible accidente laboral mortal ocurrido el 17 de julio de 2018 en una empresa de la localidad dedicada al montaje e instalación de elementos de decoración en ferias y eventos.

Las primeras actuaciones derivaron en nuevas propuestas de sanción ante la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Chiclana y ante la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, “habida cuenta del desprecio que los responsables de la empresa demostraban en cuanto a la normativa vigente en materia de urbanismo y riesgos laborales”, según ha informado la Guardia Civil.

La investigación determinó que el día en que se produjo el accidente, un trabajador de 42 años quedó atrapado en el mecanismo de una carretilla elevador y fue trasladado en un vehículo particular, aún con vida, al Centro Médico de Especialidades de la Longuera de Chiclana de la Frontera.

Antes del traslado del herido, el administrador de la empresa y otro trabajador le quitaron la ropa de trabajo de la empresa, donde figuraba el anagrama, para evitar responsabilidades, según la Guardia Civil.

Cuando llegaron al centro de salud, dijeron a los médicos que había sufrido una caída fortuita, una versión que mantuvieron cuando fue trasladado al Hospital Universitario de Puerto Real, donde falleció poco después.

La situación económica en la que quedaron la compañera del fallecido y sus dos hijos fue precaria, ya que al ser en principio una muerte por contingencias comunes, las pensiones de orfandad y viudedad “les dejaban prácticamente en la indigencia”, indica el instituto armado.

No obstante, la investigación de la Guardia Civil permitió demostrar que el fallecimiento del trabajador se debió a una nula formación en el manejo de la maquinaria que estaba utilizando, así como una carencia absoluta de prendas de protección personal, planes de seguridad o planes de evacuación, además de que los trabajadores no estaban dados de alta en la Seguridad Social, por lo que los empresarios también están acusados de un delito contra los derechos de los trabajadores.

Ello ha permitido que la viuda y los hijos del fallecido hayan podido ver incrementadas las prestaciones que recibirán.