El ‘watergate’ español

Hace más de cuatro décadas cinco hombres (que curiosamente solo hablaban español) irrumpieron en las oficinas electorales del Partido Demócrata en Washington desencadenando una serie de hechos que terminaron con la dimisión de todo un presidente de los EE UU, el republicano Richard Nixon. Él y su guardia pretoriana estaban detrás de aquel intento de espionaje electoral y, además, una vez descubierto, hicieron todo lo posible por arrojar tierra encima para tapar sus mentiras. Aquel escándalo tuvo como protagonistas un medio de comunicación, The Washington Post, y dos periodistas, Carl Bernstein y Bob Woodward. La independencia, la tenacidad y el rigor de su trabajo terminaron forzando la salida de la Casa Blanca de un presidente que se saltó las reglas más elementales de un Estado democrático. El país entendió que su Constitución había sido gravemente quebrantada por el mismísimo presidente, que pensó que sus artimañas quedarían amparadas por la larga mano del poder político y económico. Pero no contó con uno: el cuarto poder. Cuarenta años después y al otro lado del Atlántico, los españoles podemos “presumir” de tener nuestro propio ‘watergate’ con un presidente de Gobierno, Mariano Rajoy, un ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, una policía patriótica, dinero público, audios, fabricación de pruebas falsas contra rivales políticos, el robo de un móvil y un confidente venezolano para deslegitimar a un partido emergente y obstaculizar un posible pacto de gobierno entre dos partidos votados democráticamente por los españoles (Podemos y PSOE) por considerarlo demasiado peligroso para el sistema. De ser todo ello cierto, afectaría de lleno a la esencia misma de la democracia. A día de hoy el silencio de los adalides de la Constitución es atronador. Hace unos meses pusieron el grito en el cielo ante la propuesta de un relator para Cataluña, porque consideraban que era lo más grave sucedido contra la democracia en España desde el 23-F, ahora no sabemos qué piensan del espionaje desde las cloacas del Estado a un líder político. El silencio les delata y pone en entredicho su condición de demócratas y su compromiso con la democracia. No caben medias tintas ante este mayúsculo escándalo investigado por la Audiencia Nacional. Políticos, policías, jueces, periodistas… los responsables deben ser desenmascarados y puestos a disposición judicial. Ya saben, caiga quien caiga. Porque entre esto y la irrupción de la extrema derecha nos estamos jugando las libertades y la propia democracia.