Los grupos de PP, IU y PSOE en el Ayuntamiento de la capital cordobesa han aprobado este miércoles en el Pleno Ordinario de febrero remitir a la Fiscalía Provincial las declaraciones del empresario, concejal, diputado provincial y líder de Unión Cordobesa (UCOR), Rafael Gómez, asegurando que tenía "autorización verbal" de miembros del anterior gobierno local "para construir sin licencia" las naves de Colecor, por las que adeuda al Consistorio unos 25 millones de euros, a los que se suman otros 15 derivados de otras construcciones.
En concreto, los tres citados grupos han aprobado la enmienda de adicción presentada a tal efecto por IU a la moción del PP sobre procedimientos tributarios municipales de grandes deudores de Córdoba, en la que no se hacía referencia a Rafael Gómez, si bien tras citarlo la enmienda de IU, los concejales de UCOR han abandonado la sala en la votación, aunque precisamente antes del debate ya lo había hecho el edil Carlos Baquerín, mientras que su mujer, María José López de la Bastida, no ha asistido a esta sesión, en la que se ha tomado conocimiento sobre su deliberación.
En este sentido, la enmienda aconseja la investigación de la Fiscalía por "si se dedujese que alguno de los hechos que se relacionan, pudieran ser constitutivos de delito", todo ello en base "al deber de transparencia y máxima colaboración institucional", que "hace necesario que de cara a la ciudadanía quede esclarecida totalmente la posible relevancia penal de estos hechos", por lo que se estima "oportuno" que sea asumido por el órgano que constitucionalmente tiene atribuidas las competencias para ello.
Igualmente, haciendo alusión a que el concejal de Hacienda, José María Bellido, haya manifestado "la imposibilidad de cobrar" la deuda de 40 millones de euros y conceptos tributarios y sanciones urbanísticas que mantiene Arenal 2000, sociedad de Rafael Gómez, con el Ayuntamiento, se insta al equipo de gobierno municipal a que, en caso de insolvencia de un deudor, se realicen, previa petición de informes técnicos, los trámites de derivación de responsabilidad a los administradores de la sociedad para hacer efectivo el cobro de la deuda, tanto en este caso como en cualquier otro procedimiento de grandes deudores con la administración local.
UNA DEUDA EJECUTIVA SUPERIOR A LOS 80 MILLONES
En cuanto a la moción inicial, se insta a seguir aplicando "la máxima transparencia" en todos los procedimientos sobre los grandes deudores del Consistorio, para lo cual reclama que se entreguen los informes sobre dichos deudores a los grupos en comisión extraordinaria de Hacienda.
Al respecto, según ha adelantado este miércoles la prensa provincial, las arcas municipales cuentan con una deuda ejecutiva que supera los 80 millones de euros, de los que más de 50 millones son de grandes deudores y 30 de éstos últimos corresponden directamente a sanciones de Rafael Gómez. Además, al conjunto de la deuda tributaria de Arenal 2000, se le calcula un abono pendiente por impago cercano a los diez millones de euros.
Igualmente, en la propuesta popular, se insta al equipo de gobierno a seguir garantizando "la máxima diligencia para la satisfacción de todas" las deudas, aplicando "un tratamiento similar al de todo contribuyente o deudor del Ayuntamiento, independientemente de la cuantía de la deuda". Asimismo, la moción pide que el gobierno municipal aplique en la contabilidad los criterios expuestos en los informes emitidos por el Tribunal de Cuentas sobre la provisión de las deudas de dudoso cobro.
Asimismo, los grupos han aprobado una enmienda de adicción del PSOE en la que pide que no solo se dé a conocer en comisión extraordinaria de Hacienda la relación de los deudores y su situación, sino que "en las próximas sesiones se haga un seguimiento de las mismas", como ha defendido el portavoz socialista, Juan Pablo Durán, con el objetivo de "ver cuáles se van cobrando", entre otros.
"EL DEUDOR MÁS GRANDE DEL MUNDO SIN MOTIVO"
Entre el debate generado, el líder de UCOR ha defendido que "tenía una deuda de pago" por diversas construcciones y habló con la exalcaldesa Rosa Aguilar, "para decirle que quitara lo que tenía pendiente y que se sentara una persona" con el entonces concejal de Urbanismo Andrés Ocaña, para "poner los Baños de Popea, el Cine Fuenseca y el Olimpia valorados en cuatro millones de euros y con eso se quitan las multas y deudas de Rafael Gómez", pero finalmente "no entraron en los presupuestos y se mantuvieron las multas", porque "a Rafael Gómez hay que destruirlo", al tiempo que el gobierno municipal "ordenó" sacar sus bienes en subasta.
Así, dice que "iba a pagar, pero decidieron machacar a Rafael y que los intereses aumentaran", de modo que "ese es el gran deudor que dicen que es Rafael Gómez", dado que "esa multa no se la ponen ni a mi prima la pelá", y concluye alegando que es "el mayor deudor y el más grande del mundo sin motivo", pues, a su juicio, "jamás tenía que estar en esta situación".
"LLEVARSE SOBRES"
Por otra parte, y en relación al ruego del Grupo Municipal de IU para que Gómez rectifique sobre las declaraciones públicas en las que acusaba al personal del Departamento de Recaudación de "llevarse sobres" con motivo de sus actuaciones en las tareas propias de su puesto de trabajo, el líder de UCOR ha manifestado que no se retracta "de nada", puesto que ve "bien que haya personas que velen por los que no pagan y saquen sus bienes en subasta, pero que se lo hagan a todo el mundo por el mismo rasero".
Al hilo de ello, reitera que "hay un equipo de personas de Recaudación en el Ayuntamiento que por su trabajo reciben compensaciones económicas, además de su sueldo, que se la meterán en un sobre o donde quieran, pero sí les dan las gratificaciones o sobresueldos".
A estas declaraciones el portavoz del gobierno municipal, Miguel Ángel Torrico, ha respondido aclarando que es "una barbaridad" y es "falso que se diga eso". A lo mejor, agrega, "se refiere a los complementos de productividad de los funcionarios de dicha área en función de lo recaudado como se tiene en todas las administraciones y en este ayuntamiento desde hace mucho tiempo", que "todo ello está reglado" y por supuesto "no cobra nadie en sobre" en la administración local, tal y como ha subrayado Torrico.
