La consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, Elena Cortés, y el alcalde de Espejo (Córdoba), Francisco Antonio Medina, han acordado este viernes la adhesión del municipio cordobés al Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda, iniciativa puesta en marcha por el Gobierno andaluz para la prevención, intermediación y protección de las familias ante la posibilidad de que pierdan sus viviendas. Con la suma de Espejo, son ya 30 los municipios de la provincia de Córdoba que participan en este Programa y 158 en toda Andalucía.
Esto refleja, según ha explicado Cortés a los periodistas, "el incremento diario de un bloque institucional donde se están situando todos aquellos que consideran que desde las administraciones públicas hay que combatir los desahucios en Andalucía".
Tras felicitar al alcalde por dar este paso, la consejera le ha informado sobre los pormenores del convenio, al tiempo que ha puesto en su conocimiento la labor desarrollada por la oficina de intermediación en Córdoba, que desde su puesta en marcha en octubre ha permitido que 136 familias permanezcan en sus viviendas "gracias al trabajo desarrollado para informar, mediar y negociar con las entidades financieras".
"Ahora --ha subrayado-- hemos dado un paso más y desde el pasado 12 de abril contamos con otra herramienta de lucha: el Decreto Ley de la Función Social de la Vivienda, que garantiza a las familias que puedan permanecer en su hogar". Dicha norma, según ha explicado Cortés, "avanza en una dirección por la que ya han recorrido un largo trayecto países con legislaciones que defienden con muchas más garantías el derecho a la vivienda, como es el caso de Reino Unido, Francia, Dinamarca y Holanda".
En Andalucía, según ha recordado, son ya 158 los ayuntamientos que apoyan esta iniciativa, 49 en Málaga, 30 en Córdoba, 21 en Sevilla, 20 en Cádiz, 19 en Granada, once en Jaén y ocho en Huelva, además de la Diputación onubense y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP)-, "una cifra que crece cada día y que pone de manifiesto el interés de las administraciones por estar al lado de las víctimas", ha dicho Elena Cortés.
De acuerdo con el último balance provincial de Córdoba, la oficina de intermediación ha recibido un total de 235 visitas, que han dado lugar a 183 casos atendidos. De éstos, 136 se han tramitado por la vía de la intermediación, 34 en el área de la prevención y 13 en el ámbito de la protección.
DETALLES DEL CONVENIO
El acuerdo firmado por la Consejería y los ayuntamientos garantiza el desarrollo y aplicación efectiva en estos municipios de los servicios de asesoramiento, intermediación y protección ante los desahucios que contempla el Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda.
En virtud del acuerdo, los consistorios, a través de la Oficina Municipal de Información al Consumidor, prestarán asesoramiento a aquellos ciudadanos que presenten problemas económicos para afrontar el pago de las cuotas del préstamo hipotecario o el arrendamiento de su vivienda habitual.
También se comprometen, mediante sus servicios sociales y previa solicitud de las delegaciones territoriales de la Consejería, a realizar los informes que sean necesarios para comprobar, con carácter de urgencia y en un plazo máximo no superior a 15 días, la situación social y económica de las personas que solicitan los servicios de protección con el fin de determinar si se encuentran en riesgo de exclusión social.
El convenio establece la colaboración entre la Consejería de Fomento y Vivienda y los ayuntamientos para ofrecer soluciones a aquellas familias que hayan sido desahuciadas y que cumplan con los requisitos para ser adjudicatarias del parque residencial de titularidad pública.
Los ayuntamientos facilitarán a las delegaciones territoriales de la Consejería información relativa de los registros municipales de demandantes de VPO con el fin de poder ofrecer el mejor servicio a las personas que tienen dificultades para afrontar el pago de la cuota hipotecaria mensual.
Estos acuerdos contemplan la constitución de una comisión de seguimiento para dar respuesta a las cuestiones que se puedan suscitar en relación con el desarrollo del convenio y para realizar el seguimiento del mismo. El acuerdo tendrá una vigencia de cuatro años prorrogables.
