El Obispado de Córdoba ha afirmado este lunes que el denominado Centro Unesco de Andalucía, que se ha posicionado este domingo a favor de que la Mezquita-Catedral sea "patrimonio de todos", es "una organización civil totalmente independiente de la Unesco, es decir, asegura defender los valores de la Unesco, pero no tiene nada que ver" con dicho organismo internacional de Naciones Unidas que, en su día declaró a la Mezquita de Córdoba Patrimonio de la Humanidad.
Fuentes del Obispado cordobés han recordado a Europa Press que, "desde 1236", fecha de la toma de Córdoba por Fernando III, la Iglesia Católica está "protegiendo y respetando todo lo que es el legado cultural de ese templo y todo lo que es el valor artístico" que representa, con lo que no se entiende la postura del Centro Unesco de Andalucía, que, de todas formas, según han resaltado las mismas fuentes, "es un organismo civil fundado en Granada y que no tiene nada que ver con la Unesco".
En consecuencia, en la Diócesis cordobesa se lamenta que "se estén lanzando noticias que están confundiendo muchísimo a la opinión pública", tanto respecto a la postura de la Unesco sobre este asunto, ya que dicho organismo internacional como tal no se ha pronunciado, como con las informaciones que hablan de la apertura de una investigación por el Ministerio de Hacienda, a raíz de la denuncia de un particular, sobre la inmatriculación de la Mezquita-Catedral de Córdoba a nombre de la Iglesia Católica en 2006.
Sobre esto último, desde el Obispado se subraya que no tienen "constancia oficial de ningún tipo de investigación", pero que, en cualquier caso, son "los primeros interesados en que, si hay algún tipo de investigación abierta, pues que se llegue hasta el final", porque están "seguros de que la titularidad es de la Iglesia", con el amparo "de la legislación española y europea y por Derecho Internacional".
Mientras tanto, el Centro Unesco de Andalucía ha decidido sumarse al manifiesto para que la Mezquita-Catedral de Córdoba sea "patrimonio de todos", un documento que exige la titularidad pública del histórico inmueble, que deje de emplearse institucionalmente solo el término catedral para referirse a todo el monumento, además de una gestión pública y transparente y la redacción de un Código de Buenas Prácticas.
