El presidente de la Audiencia Provincial de Córdoba, Francisco de Paula Sánchez Zamorano, considera que el funcionamiento de los mecanismos de control y fiscalización del gasto público y de la dispensa de subvenciones y ayudas en las administraciones "ha dejado mucho que desear", en relación a la corrupción política.

   Así lo ha manifestado el magistrado en una entrevista con Europa Press, en la que ha argumentado que "la corrupción, y en concreto la política, no es nada nuevo en la historia de la humanidad", puesto que, agrega, "desde que el mundo es mundo, y en todos los regímenes y sistemas organizativos de la convivencia colectiva, ha habido corrupción".

   No obstante, subraya que "lo que ocurre es que el fenómeno resulta más hiriente en los sistemas democráticos, en los que precisamente los controles debieran ser más efectivos, especialmente para impedir que el fenómeno se produzca".

   Sin embargo, opina que "como no han funcionado debidamente los mecanismos de prevención, queda el último recurso de la represión de las conductas ya realizadas", que, a su juicio, es también "una forma de prevención general o advertencia a la colectividad para que los ilícitos no se vuelvan a cometer en el futuro con la amenaza que representa el castigo a los transgresores".

   Para ello, subraya que "hacen falta medidas", y como ejemplo ve "oportunas" las apuntadas por el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, en cuya línea están, "en gran medida", las barajadas, a modo de conclusiones, en la XXIV reunión de Jueces Decanos de España, celebrada en Valencia los días 1 a 3 de diciembre pasado.

   Según Sánchez Zamorano, "su opinión es cualificadísima, pues dichos decanos representan, entre otros, a los jueces de Instrucción, el fundamental eslabón de la investigación penal". Entre tales medidas destaca la ampliación de los plazos de prescripción de los delitos de corrupción, el incremento de las penas en algunas de sus modalidades.

   Asimismo, cita la introducción de nuevas figuras delictivas que contemplen el enriquecimiento ilícito o injustificado de los cargos públicos durante su mandato, la especialización de determinados órganos para la instrucción de este tipo de causas, la instauración de un grupo de peritos contables dependientes de los tribunales, etc.

"LA INMENSA MAYORÍA NO SON CORRUPTOS"

   En cualquier caso, el presidente de la Audiencia aclara que "no es buena la generalización ni la caza de brujas que se ha instalado en la opinión pública" sobre este tema, de tal manera que "no se puede extender la desconfianza sobre el sistema o la sospecha generalizada sobre toda la clase política, pues la inmensa mayoría de los servidores públicos no son corruptos", ha resaltado.

   Y por otra parte, el magistrado defiende que "la postura de los jueces ante el fenómeno de la corrupción no puede ser otra que la que dispensan a otros fenómenos criminógenos, esto es, cumplir la ley vigente y aplicarla al caso concreto".