El sindicato UGT ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo para solicitar la impugnación de la Ordenanza Municipal Reguladora del Servicio del Taxi en Córdoba, centrando la denuncia "en los aspectos propios de una organización sindical: condiciones laborales de los trabajadores asalariados, sus derechos y la participación de los agentes sociales y asociaciones de consumidores y usuarios en la organización del servicio público".
Según ha informado UGT, la denuncia se sitúa al margen del cuestionamiento que hace en su informe la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) "sobre los pilares básicos del sector del taxi", al pretender que el Ayuntamiento de Córdoba modifique buena parte del articulado de la Ordenanza del Taxi.
De hecho, según ha recordado UGT, "la CNMC, en el requerimiento que hace al Ayuntamiento para la anulación de 14 artículos de la norma, cuestiona la regulación nacional y autonómica del sector y apela a un sistema organizativo ultraliberal conservador impropio de un sector público regulado y con características tan singulares".
A juicio del sindicato, "el planteamiento de la CNMC, que podría ser válido para otros sectores privados, aplicado al sector del taxi lo llevaría a una situación caótica, en la que los perdedores serían los usuarios, los trabajadores autónomos (según la CNMC operadores) y los propios asalariados".
Es más, para UGT, "si el rigor que la CNMC aplica en la ordenanza de Córdoba se aplicase en cualquier otra ordenanza municipal de cualquier otra ciudad el resultado sería muy parecido", razón por la que al sindicato le causa "sorpresa que este organismo dependiente del Ministerio de Economía haya puesto la lupa precisamente en Córdoba, a la que ignora sistemáticamente para otras cuestiones de interés ciudadano, coincidiendo con el cambio de gobierno municipal, encendiendo una mecha que otros habían dejado puesta con algunas complicidades, y con el afán desmedido de cierta asociación por eliminar del mercado a sus competidores".
Así lo ha indicado el secretario general del Sindicato para la Movilidad y el Transporte (SMC) de UGT-Córdoba, Manuel Sánchez, quien ha afirmado que "el anterior gobierno municipal del PP gestionó de forma nefasta la elaboración de la ordenanza, desoyendo las múltiples alegaciones y propuestas formuladas por UGT, el Consejo de la Ciudad, los consumidores, usuarios y otras asociaciones".
Es más, según ha señalado Sánchez, "se formuló un texto a medida de unos intereses concretos, y esa radicalidad de los actores influyentes en la norma puede ser el motivo por el que hoy todo el sector vea seriamente comprometido el futuro".
Por todo ello, UGT aboga por "desarrollar una norma de sentido común, con el consenso de todos los agentes implicados, salvando los obstáculos de la CNMC", anunciando el sindicato, por otro lado, su disposición a "desistir del contencioso e iniciar cuanto antes el diálogo con las partes, para solucionar de forma definitiva el conflicto y dar al sector estabilidad y proyección de futuro".
