El portavoz del grupo Ganemos Córdoba en el Ayuntamiento de la capital, Rafael Blázquez, ha exigido este jueves a la alcaldesa, Isabel Ambrosio (PSOE), que "afronte la lucha por el derecho a la vivienda" y justifique "cuáles son las actuaciones que hace para presionar a la Junta de Andalucía en aumentar el parque público de viviendas, dependiente de la administración autonómica".
Blázquez ha hecho estas declaraciones en una rueda de prensa ante la respuesta, a su juicio "insuficiente", que le han proporcionado desde Alcaldía a la pregunta formulada en el Pleno de febrero sobre qué hace el Ayuntamiento para "reclamar a la Junta más vivienda social en la ciudad".
En este sentido, el edil ha recriminado a la Junta "no tener un plan para atender la emergencia habitacional de la ciudad, y encima el Ayuntamiento no se lo exige", ha declarado, para agregar que "sin esta medida sólo se van a poner tiritas ante la hemorragia que se sufre en materia de vivienda".
El concejal ha comentado además que "la alcaldesa ha tardado dos meses en dar una respuesta insuficiente, y lo que ha hecho es un corta y pega de las medidas que hace la Junta".
El edil ha hecho referencia a "la ley de Tanteo y Retracto, aprobada la semana pasada en el Parlamento, que le permite a la Junta de Andalucía adquirir de manera preferente las viviendas en el tramo final del los procedimientos de ejecución hipotecaria, para poderlas ofrecer a las familias que están amenazadas de desahucio por los bancos".
"Con esta ley --ha dicho-- lo que está haciendo la Junta es rescatar de nuevo a los bancos y no a las personas y se les facilita que el procedimiento de ejecución hipotecaria se lleve a término y para colmo, desincentiva que el banco llegue a un acuerdo con las familias amenazadas de desahucio".
Según Blázquez, "la medida estrella de la Junta en materia de vivienda, con una dotación de 4.420.000 euros de aquí a 2020 es una ley que, en el mejor de los casos, permitiría aumentar el parque público en siete viviendas por provincia y año", algo que ha calificado como "inaceptable" y "significa que hay que presionar para que la Junta cambie esa política".
"Con esa previsión --ha incidido-- evidentemente, no se puede atender a las 1.500 familias cordobesas, acreditadas por los servicios sociales que no pueden optar a otra cosa que no sea alquiler social, y que esperan años o décadas hasta que se les asigna una".
Además, el edil ha recalcado que "España esta a la cola en materia de vivienda social con un parque que representa tan sólo un 2%, mientras que en Europa esa reserva supone entre un 15 y un 30%".
