El Juzgado de lo Penal número 4 de Córdoba prevé celebrar desde el día 21 de febrero el juicio sobre el caso de los cursos de formación de la Junta de Andalucía, con ocho personas acusadas de delitos continuados de falsedad en documento público, así como en dos casos por fraude en subvenciones, por los que se enfrentan a sendas penas de tres años de cárcel para los ocho y multas de 27.000 euros para seis procesados y 300.000 euros para dos.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes judiciales, después de que el juicio fuera suspendido en dos ocasiones en el mes de septiembre de 2019, pendiente de la designación de un juez en comisión de servicio, de manera que ahora se ha señalado desde el día 21 de febrero al 5 de junio con la celebración de 17 sesiones.

La calificación del Ministerio Público, a la que ha tenido acceso Europa Press, recoge que por orden de la Consejería de Empleo de la Junta de 23 de octubre de 2009 y con cargo a partidas presupuestarias de las cuentas de la comunidad autónoma para los periodos 2010-2011 se concedieron subvenciones, en régimen de concesión directa, para la impartición de cursos de formación dirigidos a personas desempleadas con compromiso de empleabilidad.

De este modo, en aplicación de la normativa a tal efecto, se beneficiaron nueve entidades de ámbito provincial, bajo el cumplimiento de una serie de exigencias. No obstante, supuestamente las subvenciones públicas otorgadas no fueron usadas para la finalidad prevista en la impartición de cursos.

FACTURAS INFLADAS

A juicio del Ministerio Público, se han inflado algunas facturas que se han tenido que entregar para justificar el uso de las subvenciones. Entre algunos ejemplos, advierte de "gastos desproporcionados" en costes directos, con gasto en material docente "sobredimensionado".

Igualmente, entre "las irregularidades más graves detectadas" cita "el incumplimiento" de compromisos de contratación, al "simular haber ofrecido presuntos contratos laborales a alumnos y mediante un ficticio informe, fuera totalmente de plazo, ha justificado la negativa de éstos a ser contratados". Así, el fiscal avisa de distintos "perjuicios al erario público".

Asimismo, explica que supuestamente ha habido "manipulación de las firmas de alumnos, con el fin de demostrar de manera irregular, tanto la entrega de materiales, como las calificaciones de alumnos, que nunca llegaron a realizarse por los interesados".

Por otra parte, sobre facturación, en una de las entidades "se imputan gastos de establecimiento, cuando la sede es propiedad de la empresa" beneficiada con subvención, al tiempo que "los recibos de material del curso están sin firma de los alumnos" y supuestamente hay "falta de rigor" en los procedimientos de selección, donde "se aprecian graves irregularidades".

En esta causa figuraban también funcionarios y autoridades de la Junta en legislaturas pasadas, que han quedado exonerados, pues, según la Fiscalía, no se puede demostrar la connivencia de estos con los presuntos autores de los fraudes.