Cada seis de diciembre, tengo asumido que voy a terminar andando con las piernas arqueadas como el mítico John Wayne. No por montar a caballo, que hace muchos años que no puedo hacerlo, sino por cómo me hinchan las narices nuestros políticos en lo que debería ser un homenaje a la Constitución y la democracia y se convierte en un cúmulo de gestos partidistas en clave electoral. A fin de cuentas, la política española hace años que se encuentra estancada en el zasca, la respuesta altisonante, los gestos llamativos y la hipérbole: nuestros dirigentes son un meme andante y las pocas alternativas decentes que hubo se encontraron de frente con la prensa, la judicatura y hasta hooligans en la puerta de su casa.

El PSOE anda haciendo gala de altura institucional en los actos del día de la Carta Magna, en la investidura y presume de capacidad negociadora al haber sido parte de los dos únicos gobiernos de coalición a nivel nacional de nuestra historia. Sin embargo, hasta hace unos años, ha necesitado que le tiren del brazo izquierdo para que se acordara de sus orígenes. Ahora, a veces, hasta parece un partido de izquierdas. Sin embargo, muchos no olvidamos de quién le tuvo que arrancar ciertos avances en la legislatura anterior y nos preguntamos qué habría pasado si Unidas Podemos no hubiera sido necesario para gobernar tras las elecciones de 2019. Pueden presumir de constitucionalistas, de hecho apoyaron el 155 en Cataluña en tiempos de Rajoy. Pero sigue necesitando según qué collejas en materia de vivienda (art. 47), salarios (art. 35.1) o derechos laborales. En definitiva, constitucionalistas de pastel.

El Partido Popular saca pecho de constitucionalismo, si bien parece acordarse de la Carta Magna sólo cuando se trata de Cataluña. Fueron los impulsores de la aplicación del artículo 155 en el 2018 y cuestionan la constitucionalidad de la Ley de Amnistía (curioso cuando aún ni se ha debatido en el Parlamento). Sin embargo, siguen controlando «la Sala Segunda del Supremo por la puerta de atrás» (Cosidó dixit) negándose a cumplir con el deber constitucional de renovar el CGPJ. Se les dio a cambio, en el marco de un acuerdo entre Sánchez y Casado, el control de RTVE y no cambió nada. Pidieron que se apartara a Unidas Podemos del Gobierno en plena coalición para sentarse a negociar. Y es que los de Génova parecen olvidar que un deber constitucional se cumple y punto. Sin pedir nada a cambio. No obstante, los que nos hicieron creer que parte del franquismo se levantó demócrata una mañana hace 45 años, sólo se acuerdan de la democracia y la Constitución cuando les gusta en qué resulta su aplicación. Cosas que tienen los constitucionalistas de pastel.

VOX sigue en su línea. Ya de por sí, su programa choca con la Ley de Leyes en cuanto a los españoles primero (artículo 14 al ser extensivo a los inmigrantes regulares), a cargarse el Estado de las Autonomías (Título VIII) o a querer ilegalizar partidos (artículo 6 con las salvedades desarrolladas en la Ley de Partidos), entre otras materias. Además, sus hordas claman contra el Jefe del Estado por cumplir su función constitucional (art. 99.1) o que tome el poder al frente del Ejército; aparte de ir contra el Título IV de la Carta Magna, es directamente un golpe de estado a la vieja usanza (en eso, los descendientes de los golpistas del 36 tienen experiencia). Ya no es que sean constitucionalistas de pastel, estos son fascistas directamente.

Sumar, a día de hoy, sigue con propuestas que tienen la Constitución como base (en cuanto a la vivienda, salarios, condiciones laborales, etc.), si bien sus disputas internas no quebrantan la Constitución aunque sí producen fricciones con un principio democrático como es el contrato entre los partidos y los votantes. Concretamente, el hecho de que Podemos salga de la coalición provoca que se rompa el acuerdo con el que concurrieron a las urnas y con el que recabaron los votos que consiguieron. Bajo mi punto de vista, es el partido que menos incumple con la Constitución recién homenajeada pero también me decepciona esa guerra interna que tiene más que ver con escaños y asignaciones económicas a los partidos que con el propósito inicial de mejorar la vida de la clase trabajadora del país.

En definitiva, ayer hubo homenajes, gestos, actos, postureo. Sin embargo, seguimos teniendo una Constitución que quizá necesite una revisión y reforma: al menos, para no convertirla en un papel mojado salvo por las partes que convienen a cada cual. Se supone que la Carta Magna es la máxima ley del Estado y la base de la que deben partir las normas que rigen nuestra convivencia. Sin embargo, no es más que un arma arrojadiza entre políticos, con partes de su texto que resulta un tanto bienqueda y que, a efectos prácticos, se puede vulnerar impunemente. Un cachondeo, vamos.