Los primeros 100 días de gobierno portuense pasaron. El tiempo marcado en una ley no escrita y que no ha encontrado ni en la oposición ni en los vecinos ni en los sindicatos el aguante necesario para esperar más. Las primeras decisiones se vuelven en contra.
El otoño comienza con los lógicos cambios estacionales y con él, las tendencias que cambiantes. Los augurios ante una época inestable y dura ha servido para encontrar la cruda realidad nada más que tres meses después, a pesar de que la actividad política estival no deja de ser pausada y escasa.
Colectivos y asociaciones, que en un principio se pudiera considerar afines y cercanas a PSOE, Izquierda Unida o Levantemos El Puerto, por contra, ha encontrado en estos las primeras diferencias en la gestión y en las determinaciones tomadas al respecto.
El inmovilismo con que en buena parte de la ciudadanía se ha achacado al gobierno local, paradójicamente, ha recibido las primeras y duras críticas en las exiguas decisiones tomadas. La más generalizada, y que ha hayado un frente común en hasta cuatro asociaciones vecinales, ha sido la determinación de cerrar la subjefatura de la Policía Local del Centro Cívico.
Los motivos esgrimidos desde las Áreas de Seguridad que encabeza Ángel González o la Participación Ciudadana que lidera Matilde Roselló no ha tenido el entendimiento de estos, al achacar a la optimización de los recursos como manera de potenciar la presencia policial en los barrios.
Igualmente, Comisiones Obreras (CCCO) no dudó en mostrar su “asombro con el tripartito” al que expuso que “tomarían medidas” ante lo que entiende el incumplimiento en incluir la cláusula de subrogación en los pliegos de condiciones. En este caso el de ayuda a domicilio, así como otras cuestiones que están pendiente de resolver de otras empresas”.
Otros colectivos como los colectivos de desempleados tampoco digirieron bien al no conseguir un acuerdo para la gestión de las bolsas de aparcamientos tras la derogación de la Zona Naranja.
