El Gobierno y la Generalitat han sellado un acuerdo que rechaza la "criminalización de los proyectos políticos democráticos", aboga por reformas que acaben con la judicialización de la política en Cataluña y apuesta por "la atención a las demandas democráticas avaladas por una mayoría social amplia".
El documento, acordado este miércoles durante la reunión mantenida en el Palacio de la Moncloa entre representantes del Gobierno y la Generalitat de Cataluña, subraya que esa superación del "conflicto político" siempre debe respetar la seguridad jurídica y el ordenamiento democrático.
"El Gobierno de España y el Govern de la Generalitat de Catalunya se han comprometido a avanzar en el diálogo y la negociación superando y poniendo fin a la dinámica y los efectos de la judicialización de los últimos años, que ha contribuido a agudizar el conflicto político, ha afectado a las relaciones políticas e institucionales y ha polarizado las posiciones políticas y sociales", asegura.
Para acabar con esta situación, el acuerdo proclama el compromiso político e institucional con la seguridad jurídica, de modo que cualquier "mejora de las instituciones" llevará aparejado el compromiso de las partes de conducir la actividad política e institucional "de acuerdo a las instituciones y procedimientos democráticos".
Cualquier "eventual mejora" deberá hacerse, añade, "en base a los procedimientos de reforma establecidos con el objetivo de facilitar la superación de la judicialización y la resolución del conflicto político".
Ambos gobiernos apuestan por "avances paulatinos y concretos" sobre la base de acuerdos públicos que sean "representativos de una mayoría amplia y transversal en el ámbito social y parlamentario".
Estos avances, añaden, se deben concretar en reformas legislativas, normativas, reglamentarias o de cualquier otra índole para superar la judicialización y sus efectos, tomando además como referencia los mejores estándares y recomendaciones europeas e internacionales.
Cuando se alcancen acuerdos que requieran de alguna modificación legislativa concreta para su materialización, los grupos parlamentarios de referencia en las Cortes Generales de las delegaciones de la Mesa de Diálogo se encargarán de su impulso parlamentario.
"Ambas partes manifiestan su voluntad de que dichas modificaciones legislativas sean aprobadas, en su caso, antes de finalizar el próximo periodo de sesiones", concretan.
