La reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ley mordaza, avanza con el ánimo de poder cerrar un acuerdo antes de finalizar el año, para que el dictamen de ponencia pueda ser votado en la Comisión de Interior del Congreso y quede listo para su debate en el pleno de cara al periodo de sesiones de 2023.

El grupo de trabajo formado por PSOE, Unidas Podemos, ERC, EH Bildu, PNV y JxCAT que negocia la reforma de esta ley cuyo texto base es la proposición de Ley del PNV tomada en consideración en 2017 se vuelve a reunir mañana de forma discreta, tras más de una veintena de encuentros.

El grupo negociador, cuyas reuniones se iniciaron después de que se desatascara la proposición de ley en noviembre de 2021 y dejaran de prorrogarse sus plazos para registrar enmiendas, se centra en los principales escollos: el uso del material disuasorio en las manifestaciones, en el régimen sancionador para que sea más flexible para los convocantes en caso de que haya incidentes con los que no están relacionados, y las multas por falta de respeto a la autoridad.

Fuentes de la negociación señalan que en este último asunto hay un cierto bloqueo por parte de los socialistas para poder "cambiar" el punto vinculado a la presunción de veracidad de los miembros y fuerzas de Seguridad del Estado, ya que la mayoría de los partidos negociadores aboga porque "no sea automático" y pueda ir acompañado de medidas probatorias en caso de juicio o vista oral.

Otras fuentes cercanas a Unidas Podemos han señalado a EFE que la formación morada está actuando como "enlace" para mediar entre diferentes posiciones y se muestran confiados en que se pueda llegar a un acuerdo en las próximas semanas para convocar la ponencia en la Comisión de Interior del Congreso.

Se trata de que con una ponencia casi cerrada puedan incluirse posteriormente algunas de las enmiendas parciales de cada formación que se hayan quedado fuera con el fin de cerrar y votar el dictamen de la reforma de la ley antes de que finalice el actual periodo de sesiones.

"Es absolutamente prioritaria" la derogación de la ley mordaza, recalcan en el grupo parlamentario de Unidas Podemos, que hace un llamamiento al PSOE para que cumpla con el acuerdo del pacto de coalición y "haga lo que le pide su bases electoral".

Desde la formación morada se recuerda que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, prometió durante la moción de censura al expresidente del PP Mariano Rajoy que derogaría esta ley si llegaba a la Moncloa.

"El gobierno no se puede permitir que no salga adelante esta ley, quedan escollos para resolver, pero hay muchos avances", ha indicado el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, este martes en rueda de prensa del Congreso.

De cerrarse el dictamen en comisión antes de final de año, la reforma de la ley de Seguridad Ciudadana sería debatida y votada en pleno en 2023, ya que la tramitación de los presupuestos generales del Estado actualmente en la Cámara retrasa los debates plenarios.

Fuentes de EH Bildu también han insistido a EFE que la ley debe salir en esta legislatura, porque si hay un cambio de gobierno la nueva ley "será Kaput".

Aunque la reforma de la ley se basa en el texto del PNV; en octubre de 2021 PSOE y Unidas Podemos acordaron en noviembre cerca de 51 enmiendas, entre ellas que las protestas frente al Congreso de los Diputados, el Senado o los parlamentos autonómicos estén o no reunidos dejen de ser sancionadas, y revisar la graduación de las infracciones y sus multas.

Las dos formaciones también ha acordado retoques en los tiempos de identificación en comisaría para que no excedan de dos horas.

A la iniciativa del PNV, el PP presentó 40 enmiendas con el objetivo de volver a la redacción de la vigente ley, mientras que el los nacionalistas vascos incluyen en su proposición de Ley 44 cambios fundamentales.

Entre ellos la eliminación de la obligación de comunicar a las autoridades las protestas espontáneas, así como las que se hagan en estos términos, siempre y cuando no perturben la seguridad ciudadana.

Otros cambios que se negocian son acabar con la infracción grave -al menos 600 euros de multa- del uso no autorizado de imágenes o datos de los agentes o la falta de respeto a una autoridad pública o funcionario, además de suprimir la posibilidad de hacer cacheos en la vía pública o la revisión de las devoluciones en caliente.