En París, un avejentado Noriega compareció ante el Tribunal Correccional nada más llegar a Francia, adonde fue extraditado desde Estados Unidos y donde defendió su derecho a ser repatriado a Panamá ante el juez francés que tenía que decidir sobre su eventual ingreso en prisión.
Noriega, de 76 años y con un discurso titubeante, reprochó ante el tribunal “la acción que se toma criminalmente contra mí” y alegó que se estaban violando sus derechos personales.
El ex general panameño fue trasladado desde Miami, después de pasar en prisión un total de 20 años en Estados Unidos, e insistió en que su estatuto es el de “prisionero de guerra producto de la invasión de Panamá” por parte de aquel país.
Invocó, además, su “derecho a la inmunidad”, que dijo tener “como jefe de Gobierno” en una breve declaración en español que el juez de las libertades y la detención le permitió hacer sentado, debido a su delicado estado de salud.
Pero este magistrado, Jean-Michel Maton, dictaminó su ingreso en prisión provisional porque, estimó, es “el único medio” para garantizar que Noriega comparezca ante el tribunal que lo tiene que juzgar de nuevo en Francia.
El juez insistió en que “los hechos (que se le reprochan a Noriega) no presentan ningún vínculo ni siquiera débil con sus atribuciones de jefe de Estado”.
Respondía así a las alegaciones del propio ex mandatario y de sus abogados en el sentido de que consideran que tendría que beneficiarse de inmunidad en tanto que antiguo jefe de Estado de Panamá.
También estimó Maton que su puesta en libertad sería “impracticable incluso con control judicial”, pues se correría el riesgo de fuga al extranjero.
El procedimiento contra Noriega en Francia se abrió en noviembre de 1989 a raíz de una investigación sobre fondos sospechosos que habían llegado a este país a varias cuentas a nombre de su mujer.
