El presidente de Ecuador, Rafael Correa, ha acusado a la oposición de haber estado detrás de la sublevación policial que lo tuvo retenido durante varias horas en un hospital de la Policía Nacional en Quito.

En concreto, el mandatario ecuatoriano apuntó al ex presidente Lucio Gutiérrez (2003-2005) como instigador de lo que calificó como un "intento de golpe de Estado".

"Esperaban crear un baño de sangre. Que se vejase al presidente, que se lo secuestrase, que se lo trate de rescatar y que entonces se cubriese de sangre el suelo ecuatoriano, para tratar de desestabilizar al Gobierno y de esa forma ganar lo que no pueden ganar por las urnas", indicó Correa en su primera rueda de prensa después del incidente, la cual se ha celebrado una hora y media después de regresar al Palacio Presidencial tras ser rescatado por el Ejército.

"Lo que ha ocurrido en la jornada de hoy ha sido un intento de conspiración perfectamente coordinado, por ejemplo, con el cierre del aeropuerto con la toma de repetidoras de los canales (de televisión) del Estado", indicó. El presidente ecuatoriano dijo además que el intento de golpe en su contra "ha fracasado pero obviamente ha dejado cicatrices que tardarán mucho en cerrarse".

Correa afirmó que todos los agentes que participaron en la sublevación serán sancionados de forma correspondiente y anunció una "profunda depuración" en la Policía Nacional. "Aquí no habrá perdón ni olvido porque perdón y olvido, a nivel social, es lo más parecido que existe a la impunidad".

Durante la rueda de prensa, Correa fue informado por un integrante de su Gobierno de la muerte de un Policía en el operativo que ha servido para liberarle del Hospital Metropolitano de Quito. "Ojalá que estén satisfechos los que han instigado de todo esto, porque insisto en que esto es una conspiración que ha venido fraguándose para que haya derramamiento de sangre y con eso desestabilizar al Gobierno", añadió.

El presidente ecuatoriano agradeció la lealtad de su guardia personal, de las Fuerzas Armadas que le rescataron, de los medios de comunicación estatales y de los miembros de su Gobierno.