El jefe de la Policía de Ecuador, Freddy Martínez, renunció ayer a su cargo, mientras se normaliza la situación en el país después de que agentes sublevados mantuvieran retenido casi un día entero al jefe de Estado, Rafael Correa.

Martínez había intentado calmar los ánimos durante la jornada, en la que una protesta de policías de tropa por un proyecto de ley que les reduce los beneficios salariales derivó en un intento de golpe de Estado, a juicio del gobierno.

Pese a sus esfuerzos del día anterior, el jefe policial presentó su renuncia, que debe ser aceptada por Correa para que entre en vigor, porque “un comandante irrespetado, maltratado, agredido por sus subalternos no puede quedarse al frente de ellos”, según dijo en una rueda de prensa.

Al mismo tiempo, Martínez pidió al gobierno la revisión de la propuesta que desencadenó los disturbios, como también ha hecho el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de Ecuador, el general Ernesto González.

El Ejecutivo, de momento, no se ha pronunciado por ahora al respecto.

Martínez dijo que sospecha que en las protestas hubo infiltrados externos que no eran policías y que llevaban el rostro cubierto. Correa ha apuntado a personas vinculadas con el ex presidente Lucio Gutiérrez como instigadores de la sublevación policial, pero éste lo ha negado.

El cerco de los sublevados al hospital donde estaba el presidente terminó violentamente el jueves por la noche, cuando miembros de la Fuerza Terrestre del Ejército y del Grupo de Operaciones Especiales (GOE), un cuerpo de la policía leal a Correa, se enfrentaron a los policías sublevados y rescataron al mandatario.

En el operativo fallecieron dos personas, Froilán Jiménez, miembro del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) y Juan Pablo Bolaños, un estudiante universitario que había ido a las inmediaciones del hospital junto con su familia a respaldar a Correa.

Las cifras oficiales hablan de 27 heridos entre las fuerzas de ataque, pero no hay aún un número de posibles heridos entre los sublevados.

Mientras, la normalidad volvió ayer lentamente a Quito y Guayaquil, las ciudades donde se registraron los mayores disturbios el jueves, y sus aeropuertos funcionaban con normalidad.

Se mantiene el estado de excepción, cuya declaración puso el jueves en manos de las fuerzas armadas la seguridad interna y externa, y las escuelas del país siguen con las puertas cerradas.

La Plaza Grande, donde está ubicado el palacio de Carondelet, sede del Ejecutivo, estaba acordonada por un numeroso contingente de militares, al tiempo que en las calles aledañas se congregaban decenas de seguidores del jefe de Estado.

“Vinimos a apoyar al presidente de la república. Lo de ayer fue catastrófico para el país”.