"Desde luego seguimos con gran preocupación las noticias que se están conociendo", ha afirmado Sáenz de Santamaría en la rueda de prensa celebrada tras el Consejo de Ministros, donde ha recordado que Andalucía, como todas las comunidades, asumió una serie de compromisos en el CPFF y está sujeta al cumplimiento de la ley y "las correspondientes sanciones que pudieran imponerse".
Según ha recordado la portavoz del Gobierno, más allá de las reformas que puedan llevarse a cabo sobre la responsabilidad de los gestores públicos, ya existe una regulación en la actualidad "que sancionan determinados comportamientos". "En el marco del CPFF hay unos compromisos que obligan a todos, la ley está ahí y todos tienen que cumplir", ha subrayado.
RESPONSABILIDAD POR LOS ERE
Durante su intervención, Sáenz de Santamaría también ha hecho referencia al caso de los ERE y lo ha desvinculado del control que pueda hacer el Estado del gasto de las autonomías. "No tiene nada que ver con que cada administración pública tenga que dar cuenta, asuma su responsabilidad política y en su caso penal cuando se producen desvíos de fondos de la naturaleza que se ha producido en los ERE", ha sostenido.
Según ha recordado, en los presupuestos andaluces "indudablemente" no se establecía a qué se destinaba el dinero, pero ahora existe "un proceso investigador" y "tiene que caer todo el peso de la ley" sobre quienes han desviado dinero público a conductas "que son escandalosas y generan una alarma pública absoluta".
"La responsabilidad contable y penal tiene que ser una respuesta adecuada a la gravedad con la que se han cometido esos delitos y al desparpajo con el que se venían cometiendo con un dinero destinado a la formación del empleo o la protección de los que más lo necesitaban", ha insistido.
