El Gobierno de José María Barreda pagaba 100 euros por cada pasajero que volaba desde el aeropuerto de Ciudad Real en el primer semestre de 2011 con el objetivo de "mantener artificialmente" esta infraestructura, según ha desvelado este viernes la presidenta regional, María Dolores de Cospedal, durante la presentación de los Presupuestos Regionales para 2012.      Según las estadísticas de tráfico de pasajeros del Aeropuerto Central Ciudad Real, recogidas por Europa Press, en el primer semestre de 2011 un total de 11.844 pasajeros pasaron por este aeropuerto, que se encuentra cerrado al tráfico aéreo por falta de pasajeros desde el 13 de abril de este año.      Asimismo, ha señalado que el Gobierno socialista realizó actuaciones en materia de abastecimiento de agua a esta infraestructura por valor de 700.000 euros, que no estaban previstos ni computados en los Presupuestos.   DESFASE ENTRE EL PRESUPUESTO Y LO GASTADO      Cospedal ha querido así ejemplificar la mala gestión del Gobierno de Barreda, que tenía un "desfase" entre lo que presupuestaba y lo que gastaba, especialmente en la Consejería de Fomento, una de las tradicionalmente más inversoras, de las que dependía la Sociedad de Infraestructuras Aeroportuarias de Castilla-La Mancha.      Como ejemplo de lo que se presupuestaba y lo que realmente se ejecutaba, la presidenta de Castilla-La Mancha ha dicho que el presupuesto inicial de la Consejería de Fomento era de 488 millones de euros pero lo que se ejecutó fue de 619 millones de euros (131 millones más).      En concreto, ha desvelado que el canon que la Junta tenía que pagar por la construcción de la Autovía de los Viñedos era 63 millones pero el presupuesto de 2011 no recogía ninguna partida por este concepto; que las subvenciones a vivienda, donde había que pagar 72 millones de euros, solo figuraban en contabilidad 25; y que de la devolución de 12 millones de euros que había que abonar a los transportistas por el céntimo sanitario no se presupuestó nada.      En gastos de publicidad de esta Consejería había presupuestados 119.000 euros aunque se gastaron 1.600.000 euros, mientras que en gastos jurídicos de tramitaciones contenciosas se gastó 1,5 millones de euros, ha referido Cospedal.      Dentro de la Agencia del Agua, el endeudamiento era de 42 millones de euros y en la Empresa Pública de Infraestructuras del Agua la deuda bancaria es de 302 millones de euros y la deuda con proveedores asciende a 201 millones de euros, aunque declarada solo había en el presupuesto 140 millones de euros.      La Empresa Pública de Gestión de Infraestructuras de Castilla-La Mancha (GICAMAN) registraba 740 millones de deuda financiera y 37 millones de deuda con proveedores.   MIL VIVIENDAS A 60 MILLONES      En este apartado y en referencia a las Viviendas de Iniciativa Público-Privada que creó la Junta, Cospedal ha señalado que el Gobierno encargó a GICAMAN asumir el compromiso de compra de hasta 200 viviendas de las que se hubieran construido y no se vendieran, pero luego la empresa se comprometió a adquirir mil viviendas, lo que supondría un desembolso de 60 millones de euros en 2012 y 2013 "de viviendas que no han encontrado comprador durante estos años".      Dentro de GICAMAN, Cospedal ha hecho referencia a la construcción del hospital de Toledo del que, a más de cuatro años del inicio de las obras y menos de un año del final programado, solo se había ejecutado en un 30 por ciento e incrementado el presupuesto inicial en más de 60 millones de euros, tras más de cuatro modificaciones de contrato y una quinta en ciernes. El centro sanitario, según ha dicho, tenía un ratio coste-superficie construida por cama sin precedentes "en la historia de España y los hospitales de Europa".      Además, ha señalado que, en marzo de 2011, el anterior Gobierno adjudicó obras culturales como un Auditorio en Higueruela (Albacete) y en otros núcleos de muy pequeña población, así como un segundo centro de salud en Villarrobledo (Albacete), a pesar de que se acababa de terminar la construcción del hospital en esa localidad y estaba ocupado "en parte muy ínfima de sus posibilidades reales de ocupación".      La Empresa Regional de Suelo y Vivienda, que contaba con 75 millones de deuda financiera y 16 millones con proveedores, también adjudicó durante febrero y marzo de 2011 urbanizaciones de barrios en Toledo por 19 millones de euros y construcciones de 103 Viviendas de Protección Oficial en Albacete por 10 millones.      Finalmente, la Sociedad de Carreteras, que tenía según Cospedal  350 millones de euros de deuda financiera y 230 millones de deuda a proveedores, adjudicó en el primer semestre de 2011 --antes de que llegase el PP-- obras por valor de 225 millones de euros "a pesar de que sabían que no se podían pagar".     FACTURAS EN EL CAJÓN      Cospedal, en su comparecencia, también ha criticado que el Gobierno socialista se excediera en el uso de la "cuenta 409", que ha definido como un "cajón legal desastre" donde se guardaban las facturas a contabilizar en el ejercicio siguiente y que, por tanto, iban "directamente al déficit".      Ha explicado que la diferencia final entre las cuentas públicas presupuestadas inicialmente por el anterior Gobierno y el presupuesto ejecutado es de 1.545 millones.      Entre los gastos que se pasaron por esta cuenta y que no estaban contabilizados en los Presupuestos de 2011 figura una insuficiencia de 245 millones de euros en productos farmacéuticos, otra de 193 millones de euros en material sanitario y otra más de 14 millones de euros en adquisición de viviendas.      Además de 28 millones de euros en convenios con entidades privadas, 20 millones de gestión de plazas residenciales o gastos de limpieza y luz por valor de 34 millones de euros.   CONTABILIDAD ENGAÑOSA      Cospedal ha advertido de que las Cuentas de 2011 tenían un "exceso de presupuestación de ingresos", como los procedentes del Fondo de Competitividad por valor de 300 millones de euros a pesar de que "no se obtuvo nada del Estado" y de que "esto se sabía antes de presentar el Proyecto de Ley en las Cortes".      También estaban sobrestimados, ha referido, los ingresos propios vía impuestos, como el de transmisiones patrimoniales onerosas, sobrepresupuestado en 60 millones de euros; el de actos jurídicos documentados, sobreestimado en 175 millones de euros, o los 56 millones procedentes de medios de transporte.       En materia de gastos se utilizaron los créditos ampliables generando un "crédito ficticio" que no se tenía. En este apartado ha citado los intereses de la deuda, una "cuantía predecible y conocida" de 213 millones de euros que solo se presupuestó en 74; los gastos en dependencia, que ascendían a 148 millones aunque el presupuesto recogía una partida de 26,5; y los derivados de la Seguridad Social, que eran de 511,4 millones de euros pero se presupuestaron en 365 millones.      El anterior Ejecutivo también recurrió a la insuficiencia presupuestaria con la infradotación de las nóminas de los médicos y personal sanitario del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM), que se presupuestaron en 1.156 millones de euros, cuando el gasto excedió esa cifra realmente en 378 millones de euros.      Finalmente, la presidenta de Castilla-La Mancha ha defendido el Proyecto de Ley de Presupuestos de su Ejecutivo, que asciende a 8.290 millones de euros y es "transparente completamente" porque en él, a diferencia del que elaboraron los socialistas, se computará "todo lo que ingresamos y todo lo que gastamos".