La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palma ha condenado a 16 años de prisión al exconsejero de Comercio, Industria y Energía del Gobierno balear de Jaume Matas Josep Juan Cardona, en el marco del caso Scala por un delito de asociación ilícita, cohecho, falsedad en documento mercantil, prevaricación, fraude a la administración, falsedad en documento oficial, un delito continuado de malversación y fraude a la administración.
Así, a pesar de que esta pena de prisión supone cinco años menos de los que solicitaba la Fiscalía y la Abogacía Balear, es la más alta que se ha impuesto a un político de Baleares y de las más altas a un político en el conjunto del Estado.
De este modo, la Audiencia ha dado a conocer la pena de cárcel para Cardona en una sentencia de 637 páginas, tras el juicio por el caso Scala, centrado en un presunto desvío de más de cinco millones de euros a través del Consorcio de Desarrollo Económico de Baleares (CDEIB) durante el último mandato de Jaume Matas (2003-2007).
En el marco de esta causa, la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía balear solicitaban 21 años de cárcel para el exconsejero de Comercio, Industria y Energía Josep Juan Cardona, una de las penas más elevadas solicitadas para un político en España.
En total, 17 personas se sentaron en el banquillo de los acusados por estos hechos, entre ellas varios exaltos cargos del Govern: además de Cardona, fueron juzgados el exdirector general de Promoción Industrial del Govern Kurt Viaene y la exgerente del CDEIB Antònia Ordinas -que admitieron los hechos en su declaración-, quienes, según las acusaciones, planificaron y ejecutaron actuaciones dirigidas a apoderarse de los fondos públicos y emplear todas las coberturas formales necesarias a efectos de que el expolio pasara desapercibido.
La Fiscalía apunta así al "robo sistemático" efectuado por los inculpados mediante la creación de entidades mercantiles al frente de las cuales usaban "hombres de paja o testaferros" y a las que otorgaban numerosos contratos; la utilización de empresas existentes que pasaron a controlar; la exigencia y cobro de comisiones a proveedores del CDEIB y la organización de las ferias en las que participaba el Consorcio.
