El Gobierno de Mariano Rajoy ha frenado la publicación del informe que dará respuesta a los supuestos "agravios" e "incumplimientos" denunciados por la Generalitat de Cataluña con el fin de favorecer un clima de diálogo y entendimiento con el Gobierno de Artur Mas, según han informado a Europa Press fuentes gubernamentales.

   Moncloa está liderando esta respuesta al Ejecutivo catalán, que el pasado 15 de julio hizo público un documento, bajo el título 'La deslealtad del Estado respecto a Cataluña. Balance de situación', que cuantificaba en 9.375,7 millones el coste de los "incumplimientos" y deudas del Estado con la Generalitat.

    Según el Gobierno catalán, de esa cantidad 5.748 millones son deudas pendientes en infraestructuras; 672,6, fruto de la reducción de ingresos finalistas procedentes del Estado; 1.715,2, por medidas que ha dictado el Gobierno central y que suponen un incremento del gasto por parte de la Generalitat; y 1.239,9, fruto de medidas estatales que implican un decrecimiento de los ingresos del Gobierno catalán.

   Fuentes del Ejecutivo han admitido que en estas dos últimas semanas se está trabajando por reconducir hacia el terreno de la "moderación" y la "tranquilidad" el problema abierto en Cataluña, por lo que consideran que publicar en este momento ese contrainforme no ayudaría a templar los ánimos sino que podría contribuir a echar más leña al fuego.

EL ESTATUTO CATALÁN NO PUEDE OBLIGAR A LOS PGE

    En cualquier caso, Hacienda está recopilando datos y ya ha enviado a Moncloa algunos de ellos, entre los que destacan los 25.797 millones en medidas de liquidez que se han destinado a Cataluña a través de diferentes mecanismos extraordinarios de financiación.

    De esta forma, el Gobierno hará hincapié en que el Estado no maltrata a Cataluña ni se ha desentendido de sus problemas económicos, sino que le ha dado cobertura para atender todas sus necesidades financieras, según han indicado a Europa Press fuentes del Ejecutivo.

   Igualmente, ese informe que se está preparando recordará que el Tribunal Constitucional ya señaló que el Estatuto catalán no puede obligar anualmente a fijar unas partidas de inversión en los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

    Como ya ha venido diciendo públicamente, el Gobierno recordará que la crisis económica ha puesto de manifiesto la importancia de mantener la financiación de los servicios básicos frente a los compromisos con infraestructuras. Así, insistirá en que lo importante es garantizar a través de la financiación el acceso a los servicios básicos en las mismas condiciones en todo el territorio nacional, han indicado las mismas fuentes.

    Igualmente, ese informe destacará que el Ejecutivo de Rajoy ha adoptado muchas reformas que, por tener carácter básico, han contribuido a reducir el gasto en las CCAA. Según fuentes del Gobierno, son reformas que benefician a Cataluña y en las que el Estado ha asumido "el coste político".

ALREDEDOR DE 300 MILLONES DEL IMPUESTO DE PATROMONIO

    De hecho, recordará que muchas de esas reformas se han aprobado a sugerencia de Cataluña y repasará algunas de las llevadas a cabo en sanidad (el llamado 'copago') o en educación (tasas universitarias), así como el incremento en la recaudación de impuestos (IBI, IVA, IRPF...) Todos estas medidas, a través de reducción de gasto o incremento de ingresos, benefician a Cataluña, según fuentes gubernamentales.

    Antes las quejas que proceden de Cataluña por la disminución de sus ingresos, el Ejecutivo resaltará que el Gobierno catalán recaudó 300 millones en 2012 a través del Impuesto de Patrimonio, una cifra que, según las mismas fuentes, será similar en 2013 y 2014.

    El propio ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ya advirtió recientemente que el Gobierno demostraría en su informe que los supuestos "agravios" denunciados por Cataluña "no tienen sentido", máxime cuando el Ejecutivo de Rajoy no ha hecho otra cosa que "apoyar a Cataluña".