La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha respondido hoy a las críticas por una supuesta "judicialización" de las relaciones del Estado con Cataluña que cumplir la ley no entra en contradicción con hacer política, porque es la ley la que garantiza las libertades.
En la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, Sáenz de Santamaría se ha preguntado qué ocurriría si los ciudadanos decidieran dejar de pagar impuestos en protesta por la falta de una política fiscal, o dejarán de cumplir las leyes de tráfico en demanda de políticas de seguridad vial.
"Todos podemos hacer política pero hay que hacerla en el marco de la ley. La ley no es ni más ni menos que la voluntad política de los ciudadanos y al menos este Gobierno no se considera por encima de la voluntad política de los ciudadanos", ha alertado.
A su juicio, algunos consideran las leyes como un límite, cuando en realidad son el marco de actuación en un Estado de Derecho.
Sobre la querella presentada hoy contra el presidente catalán, Artur Mas, por la celebración del 9N, tanto la vicepresidenta como el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, han expresado su respeto a la autonomía de la Fiscalía, que actúa con principios de "imparcialidad, legalidad y dependencia jerárquica".
Fernández Díaz ha dicho estar "totalmente de acuerdo" con la querella, mientras que Sáenz de Santamaría ha dejado claro que por su parte nunca se oirá una instrucción o una petición de actuación a este órgano.
El ministro, por su parte, ha insistido en que la Fiscalía funciona con autonomía del Gobierno y que si Torres-Dulce, con el apoyo mayoritario de la Junta de Fiscales de Sala, ha decidido presentar la querella, será porque hay motivos para hacerlo.
Y ha añadido que, si se le pregunta su opinión personal, está "totalmente de acuerdo" con ella.
Ambos han subrayado que no tiene sentido diferenciar los momentos para la política de momentos para la ley, pues el Estado de Derecho, en palabras de Jorge Fernández Díaz, nunca se suspende y la ley hay que cumplirla siempre
Más aún, ha añadido, en el caso de quienes están investidos de autoridad, que tienen un plus de responsabilidad y de ejemplaridad.
"Con poca autoridad podemos exigir que cumplan la ley si no la cumplimos nosotros", ha recalcado.
Además, la vicepresidenta ha incidido en la presencia constante del Gobierno en Cataluña y ha añadido que en su caso es la autonomía que más ha visitado, no siempre "bien recibida" por la Generalitat, que quería que pidiera permiso para asistir a reuniones.
Ha recalcado que el Gobierno representa a los ciudadanos de toda España y asume esa responsabilidad e intenta hacerlo "dentro de un marco de máxima lealtad".
También ha indicado que el Ejecutivo ha "analizado y estudiado" el documento de 23 puntos que entregó Artur Mas a Mariano Rajoy en el mes de julio y ha indicado que en él hay medidas que pueden realizarse, otras que no, tal y como se han planteado, y otras que no tienen cabida.
En cualquier caso, ha insistido en la disposición del Ejecutivo a hablar sobre ese texto y ha añadido que algunas de ellas "son de conversación constante" entre miembros del Gobierno central y de la Generalitat.
