Rodrigo Rato, exvicepresidente del Gobierno con José María Aznar, se ha quedado solo en el escenario político tras ser acusado de graves delitos, entre ellos fraude fiscal, y haber afrontado un proceso de detención que ha sido portada en todos los medios de comunicación.

El que fuera director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) y pudo ser candidato a la presidencia del Gobierno se enfrenta a los presuntos delitos de fraude, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes dictados por la Fiscalía de Madrid.

Unos hechos que el Gobierno no ha entrado a valorar y que insiste en que su única preocupación es que se cumpla la Ley, que es igual para todos.

"La Agencia Tributaria actúa con independencia y con firmeza, da igual la pertenencia a un partido o no, da igual el relieve social, político o económico. Todos somos iguales ante la ley", afirmaba el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, compañero y amigo personal de Rato.

Lo cierto es que Montoro, que confesaba no estar para sentimientos, avanzó que la Agencia Tributaria llevaba "bastante tiempo" investigando a Rato.

Y es que el exbanquero saltó a la primera plana el pasado martes cuando se confirmó que se había acogido a la denominada amnistía fiscal aprobada por el Gobierno en 2012 y que permitía regularizar activos ocultos estableciendo un gravamen especial del 10 % para todas las rentas que salieran a la luz.

Inmediatamente se sucedieron las críticas sociales y políticas, aunque también en aquel momento hubo pronunciamientos a favor de su presunción de inocencia.

Una presunción que ha dejado de escucharse en las últimas horas, después de que los españoles vieran en directo cómo el pasado jueves agentes de Aduanas y funcionarios de la Agencia Tributaria entraban en el domicilio de Rato para registrar su vivienda bajo un gran despliegue policial.

La imagen de Rato saliendo detenido de su domicilio escoltado por agentes para trasladarse a su despacho con el fin de recabar más pruebas fue impactante.

No obstante, el exdirigente del PP fue puesto en libertad y después de casi ocho horas de registro recalcó a EFE que tiene "confianza en la Justicia" y que ha "colaborado activamente" con ella.

La Agencia Tributaria tiene abierta una investigación contra él por un presunto entramado societario con vínculos en paraísos fiscales.

Rato lo niega, y asevera que no tiene ninguna sociedad ni en un paraíso fiscal ni fuera de la Unión Europea.

Fuentes cercanas al proceso explican que la unidad de inteligencia financiera para prevenir el blanqueo de capitales, el Sepblac, organismo dependiente del Ministerio de Economía, alertó al detectar movimientos de capitales entre sus sociedades tras la fianza del caso Bankia, que le reclamaba 800 millones de forma solidaria.

La pesadilla para Rato comenzó hace tres años, cuando el Gobierno nacionalizó BFA, la matriz de Bankia, entidad de la que fue presidente desde 2010 hasta 2012 y se inició así un largo proceso que terminaría haciéndole declarar como imputado en la causa que investiga las cuentas del banco.

Rato fue imputado el 8 de octubre de 2014 por presunto uso indebido de las tarjetas de crédito para gastos personales de Caja Madrid y de Bankia que no eran declarados al fisco y días después se suspendió temporalmente su militancia en el PP.

Tras las últimas actuaciones judiciales contra Rato por supuestos fraude, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes será el titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Arnal, conocido como el magistrado de la "Operación Puerto", el encargado de continuar la investigación.