El juez de instrucción número 35 de Madrid, Enrique de la Hoz, ha ordenado hoy el bloqueo inmediato de todas las cuentas corrientes, depósitos, fondos y préstamos titularidad a nombre del exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato, y de sociedades relacionadas con él.

De la Hoz (en funciones de guardia), a petición de la Fiscalía, ha enviado un requerimiento a las patronales del sector -la Asociación Española de Banca (AEB), la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) y la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito (Unacc)-, para que procedan al bloqueo de las cuentas del exministro y de sociedades ligadas a él.

La paralización de las cuentas evitará las retiradas de efectivo, aunque podrán seguir recibiendo ingresos, que quedarán inmediatamente paralizados.

Este mismo magistrado fue el que también a instancias del Ministerio Fiscal ordenó ayer los registros en el domicilio y el despacho de Rato, al que se investiga por delitos de fraude, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes.

Las alarmas sobre el exbanquero saltaron tras la multimillonaria fianza del "caso Bankia", cuando la unidad de inteligencia financiera, dependiente del Ministerio de Economía, puso el foco sobre Rato en febrero.

Y es que la Agencia Tributaria llevaba "bastante tiempo" investigando el patrimonio del ex director gerente del FMI, como ha reconocido hoy el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y por ello su nombre figuraba en la lista de 705 contribuyentes sospechosos de aprovechar la amnistía para lavar parte de su patrimonio.

De entre todos ellos, la unidad antiblanqueo, el Sepblac, se fijó inmediatamente en Rato porque Hacienda detectó contradicciones sobre sus bienes y había descubierto su participación en un complejo entramado societario, cuyos vínculos se extenderían hasta algunos paraísos fiscales, explicaron a Efe fuentes de la investigación.

Ante la sospecha de que esa red empresarial pudiera servir para esconder parte de su fortuna y tras hallar movimientos extraños de capitales durante la fase de instrucción del "caso Bankia", el Gobierno decidió actuar y denunciar los hechos a la Fiscalía, que detectó indicios de delitos de fraude, blanqueo y alzamiento.

Por eso el juez de guardia en Plaza de Castilla decidió ayer, con carácter urgente, el registro durante más de siete horas del domicilio de Rato y posteriormente de su despacho, en una investigación que continuó hoy para seguir recabando información de los ordenadores del que estuvo llamado a suceder a José María Aznar al frente del PP.

Ante el escándalo mediático, Rato ha insistido a Efe en su confianza en la Justicia y su disposición a colaborar en todo momento, al tiempo que ha asegurado que no tiene ninguna sociedad "ni en un paraíso fiscal y, ni siquiera, fuera de la Unión Europea".

También ha negado los movimientos de dinero entre sus sociedades después de que el magistrado Fernando Andreu reclamara 800 millones para cubrir de forma solidaria posibles responsabilidades por la salida a bolsa de Bankia, que finalmente acabó aportando el grupo BFA-Bankia en solitario.

No obstante, el grupo financiero dejó claro que reclamaría a Rato y otros antiguos miembros de la cúpula de la entidad la parte proporcional de la fianza, lo que le llevó a exigir al exministro de Economía y Hacienda 133,33 millones en un primer momento, mediante un requerimiento notarial, pero sin descartar acudir a la Justicia.

De momento, el expresidente de Bankia continúa en libertad, pero a la espera de si prosiguen los registros en su finca El Molino, en el municipio madrileño de Carabaña, y de la decisión que pueda tomar el magistrado al que por reparto ha recaído la denuncia que la Fiscalía de Madrid interpuso contra el exbanquero.

La Fiscalía de Madrid recogía en su escrito las sospechas vertidas por la Agencia Tributaria contra empresas y sociedades en las que figuran como titulares miembros de la familia de Rato, como su exmujer, María Ángeles Alarcó, su hermana y una sobrina.

Aunque el juez de la denominada "operación Puerto" es el encargado por el momento de esta investigación, la Fiscalía Anticorrupción ha reclamado su competencia para hacerse cargo de la misma, asunto sobre el que tendrá que decidir el lunes la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal.

No en vano, la decisión tomada por Hacienda de llevar el caso a la Fiscalía de Madrid provocó ayer el malestar en Anticorrupción, que conoció la noticia a través de la prensa, a pesar de que desde hace algunos meses se seguía la pista del actual miembro del consejo asesor de Telefónica.