El Gobierno de Andorra ha presentado una queja formal a España para protestar por las resoluciones que el Parlament catalán ha aprobado recientemente y que equiparan al Principado con un paraíso fiscal.
El Ministerio andorrano de Asuntos Exteriores remitió este jueves a su homólogo español una nota verbal --el escrito oficial más habitual en diplomacia-- para dejar constancia de este malestar respecto de los textos apoyados por el Parlamento a iniciativa del partido antisistema de la CUP, que facilitó la investidura de Carles Puigdemont.
En el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, el Gobierno andorrano "lamenta" las referencias que se hacen a Andorra en dos resoluciones aprobadas por el Parlament en octubre pasado, pues entiende que "no reflejan la situación actual del Principado respecto de sus compromisos con la comunidad internacional en favor de la transparencia fiscal internacional" y con España.
Una portavoz del Ministerio español de Asuntos Exteriores ha confirmado a Europa Press que España "no considera al Principado de Andorra paraíso fiscal, a los efectos internos e internacionales procedentes".
Esto es así en virtud de dos acuerdos bilaterales "ratificados y actualmente en vigor" como son el Acuerdo de intercambio de información en materia fiscal suscrito entre España y Andorra el 10 de enero de 2010 y el Convenio para evitar la Doble Imposición, firmado en enero de 2015. Pero también por los compromisos adquiridos por Andorra con los convenios suscritos con la UE y en el marco de la OCDE, ha explicado la portavoz.
Las dos resoluciones del Parlament que han sido motivo de discordia hacen referencia también al Principado de Mónaco, del que no se tiene constancia que haya protestado ante el Gobierno español. Y es que Mónaco sí permanece en la lista española de paraísos fiscales.
VETO A DEPORTISTAS
Uno de los textos aprobados por la Cámara catalana obliga al Parlament a "prohibir la entrega de galardones y distinciones deportivas y culturales a personas que lleven a cabo la mayor parte de su actividad en Cataluña pero que tengan su domicilio fiscal en países considerados paraísos fiscales por la Unión Europea, en Andorra o en Mónaco".
La segunda resolución insta a la Generalitat a "promover, por medio del órgano competente en materia de contratación pública, la introducción en los pliegues de cláusulas de un mecanismo para exigir a los licitadores, a los adjudicatarios y a los subcontratistas que cumplan rigurosamente la legislación tributaria en países que no tienen normas sobre control de capitales y que son considerados paraísos fiscales por la Union Europea, en Andorra o en Mónaco".
Se trata de la segunda ocasión en pocas semanas que el Ministerio español de Asuntos Exteriores recibe una protesta formal de otro país por resoluciones aprobadas en el Parlament.
A primeros de noviembre, Francia presentó al departamento que dirige Alfonso Dastis otra nota verbal de queja por la declaración que el Parlament aprobó en octubre defendiendo el derecho de autodeterminación de los Países Catalanes, en los que incluye al territorio francés del Rosellón, conocido también como la Cataluña del Norte y que fue parte de España hasta el siglo XVII.
En el texto de la protesta, el Gobierno francés advertía de que el Parlamento catalán "no tiene como misión inmiscuirse en los asuntos internos franceses" y lamentaba que la Cámara autonómica emitiese "resoluciones que atentan" contra la soberanía de Francia.
En ambos casos, que los Gobiernos de Andorra y Francia presenten su queja a España, y no directamente a la Generalitat, significa que consideran que su interlocutor oficial para los asuntos que tengan que ver con Cataluña es el Gobierno español.
