El exvicepresidente económico del Gobierno Rodrigo Rato se enfrenta a unos meses decisivos en los que la instrucción del caso sobre el origen presuntamente ilícito de su patrimonio podría agilizarse después de que la Audiencia Provincial de Madrid advirtiera al magistrado de la causa que no prolongue más esta fase y decida si abre o no juicio oral contra el exbanquero.
El que fuera director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) ha pedido en los últimos meses el archivo de más de la decena de las piezas separadas que integran la causa principal --como ha hecho recientemente con la relativa a las contrataciones de Lazard o la de sus conferencias contratadas por Bureau Consulting-- y ha solicitado diligencias en otras, como la de los contratos de publicidad con las sociedades Zenith y Publicis.
Todo esto ha provocado un retraso de la fase de instrucción de la pieza principal, que investiga el magistrado Antonio Serrano Arnal desde abril de 2015, y del que se ha hecho eco la Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid que esta pasada semana le advirtió de que evitara "diligencias inútiles" e "indebidas dilaciones".
Los magistrados de la Audiencia de Madrid expusieron en un auto en el que rechazaban la práctica de unas nuevas diligencias en la causa sobre Zenith y Publicis que el desarrollo de la instrucción no podía convertirse en una "indagación agotadora". En concreto se solicitaba que Bankia aportara información individualizada sobre los empleados de la entidad implicados en la adjudicación de contratos de publicidad a favor de estas sociedades.
Esta pieza investiga el papel que pudo tener Rato --acusado de delitos fiscales, corrupción entre particulares y blanqueo de capitales-- en la adjudicación de determinadas campañas de publicidad sobre la salida a bolsa de Bankia en el momento en que ostentaba la presidencia de la misma a cambio de comisiones ilegales por valor superior a los 830.000 euros.
Junto a esta hay que sumar la investigación relativa las presuntas comisiones ilegales recibidas del banco de inversiones privadas Lazard y también de Telefónica, para la que el expresidente de Bankia prestó asesoramiento entre los años 2013 y 2015, años en los que habría percibido una segunda retribución no declarada a Hacienda y canalizada a través de su sociedad Kradonara S.L, según obra en un informe de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) adherido a la causa.
COR COMUNICACIÓN
Otra de las piezas que integran la pieza es la relativa a Cor Comunicación, sociedad dedicada a prestar servicios de publicidad y que Rato constituyó con sus dos hermanos hace más de quince años aunque adquirió su control por completo en 2013. Sobre Cor, Hacienda determinó que fue contratada por CaixaBank entre 2012 y 2015 que le abonó un total de 540.000 euros, y por el Banco Santander, que reembolsó a la empresa una media de 108.000 euros entre 2008 y 2012.
A esto hay que añadir la pieza que investiga los cobros por conferencias con Bureau Consulting (BCC) y que pese a haber sido archivada en noviembre, la Audiencia Provincial ha ordenado su reapertura al entender que los hechos no habrían prescrito. La Audiencia respalda la tesis de la Fiscalía que apunta que habría defraudado 672.329 euros en el IRPF del ejercicio de 2012 y 756.984 euros en el del siguiente año.
Así consta en la extensa documentación incorporada a la causa elaborada por la ONIF y por la que dos peritos de Hacienda prestarán declaración ante Serrano Arnal el próximo 19 de abril. El informe concluye que se detectaron rentas no declaradas en el IRPF del exministro de Economía"por importe ligeramente superior a los 14 millones de euros" en los años 2004 a 2015 y concluye que habría defraudado cuotas por un importe total cercano a los 6,8 millones de euros.
PRIMERA CONDENA
La instrucción de esta causa coincide con la condena de cuatro años y medio de prisión que le impuso la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional por el uso de las tarjetas 'black' de Caja Madrid y Bankia.El tribunal atribuyó al que fuera presidente de Bankia entre 2010 y 2012 la segunda condena más alta de la causa después de Miguel Blesa por delito continuado de apropiación indebida.
La resolución dada a conocer el pasado 23 de febrero tras cuatro meses de vista oral, determinó que los dos expresidentes quebraron la lealtad depositada en ellos y perpetuaron una práctica que se prolongó entre 1996 y 2012 y con la que se dilapidó el patrimonio de las entidades. No obstante el mismo tribunal no le impuso ninguna medida cautelar ya que ya le retiraron el pasaporte por la causa que investiga el origen de su fortuna.
Su defensa anunció que recurriría el fallo de la Audiencia Nacional ante el Tribunal Supremo al entender que contenía errores, por lo que está a la espera de que se abra el plazo para su presentación. Una vez se presente el recurso de casación el alto tribunal revisará el fallo y cuando se pronuncie sobre el mismo la sentencia será firme y se ejecutará la condena.
Además, el magistrado de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, mantiene la instrucción por la salida a la Bolsa de Bankia en la que está investigado Rato en calidad de expresidente de la entidad nacionalizada.
