La Audiencia Provincial de Zamora ha condenado a siete años y tres meses de prisión al exjefe de sección de control de pensiones del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), por haber cobrado unos 600.000 de la pensión de su abuelo fallecido, de incrementar la de su padre y habilitar la de una amiga que no tenía derecho a ella.

La sentencia condena al exfuncionario público, C.C.V., a cinco años de prisión y a que indemnice al Instituto Nacional de la Seguridad Social con 549.591 euros por un delito continuado de estafa en concurso medial con un delito continuado de falsedad en documento oficial.

Además, el fallo judicial impone a C.C.V. dos años y tres meses de prisión como autor de un delito continuado de fraude a la Seguridad Social.

Según la sentencia, el exjefe de pensiones del INSS de Zamora rehabilitó la pensión de su abuelo seis años después de que hubiera fallecido.

Para la realización de las modificaciones accedía con sus claves en los expedientes y modificaba "introduciendo datos falsos, diferentes circunstancias como la fecha de nacimiento, el domicilio o la cuenta en la que debería ingresarse la pensión y a la que él tenía acceso".

De la pensión de su abuelo muerto percibió "personal e indebidamente" 549.541 euros hasta 2016, cuando dio lugar a la baja por fallecimiento de su familiar utilizando una certificación de defunción de su padre.

Además, llevó a cabo diferentes modificaciones para incrementar la cuantía de la prestación de jubilación de su padre, que pasó a cobrar una invalidez absoluta y después una gran invalidez "sin que concurrieran los requisitos exigidos para ello".

La sentencia recoge que el propio acusado ha reconocido que llevó a cabo todas las modificaciones necesarias para rehabilitar o incrementar las pensiones.

La Audiencia ha condenado a un año y diez meses de prisión como autora de un delito continuado de fraude a la Seguridad Social a la amiga del exfuncionario para la que rehabilitó una pensión de viudedad y una de orfandad para su hijo.

La sentencia determina que los dos condenados deberán indemnizar solidariamente al Instituto Nacional de la Seguridad Social con la cantidad percibida por estas prestaciones, que asciende a 19.259 euros.

Contra la sentencia cabe interponer recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León.