Los nietos de Francisco Franco no dan ni mucho menos por perdida la batalla legal entablada con el Gobierno a cuenta de la exhumación de los restos del dictador del Valle de los Caídos. Fuentes del entorno de la familia aseguran a Europa Press que los nietos de Franco recurrirán de nuevo al Supremo para paralizar la orden definitiva de exhumación que debe aprobar el Consejo de Ministros en las próximas semanas, previsiblemente en febrero.

La mera decisión de la familia de recurrir esa decisión impedirá al Ejecutivo de Pedro Sánchez ejecutar la exhumación al menos por unos meses más. Las partes personadas --además de la familia Franco están la Fundación Nacional Francisco Franco y la comunidad benedictina que custodia la basílica del Valle de los Caídos-- cuentan con un plazo de dos meses para recurrir la orden definitiva de exhumación, por lo que si deciden agotar el plazo, los restos de Franco en ningún caso podrían abandonar el Valle antes de abril.

Y es que el Tribunal Supremo ha advertido al Gobierno de que no podrá ejecutar la exhumación sin que previamente las partes interesadas hayan podido recurrir ese acuerdo definitivo del Consejo de Ministros y la Sala se haya pronunciado al respecto.

Así lo dictaminó la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo en su auto del pasado 10 de diciembre en el que rechazó la pretensión de la familia Franco de paralizar el proceso en curso para llevar a cabo la exhumación de los restos del dictador cumpliendo todas las garantías jurídicas.

Desde el entorno de la familia y la Fundación Franco adelantan que su recurso a la orden definitiva de exhumación pedirá la suspensión cautelar de la medida. E incluso avanzan que seguirán pleiteando incluso en el caso de que el Alto Tribunal autorice al Ejecutivo a entrar en la Basílica del Valle para exhumar los restos del dictador.

No sólo eso. También están determinados a agotar todas las vías hasta llegar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, que garantiza a 800 millones de europeos el derecho a un último recurso una vez agotadas las instancias nacionales.

LA FASE DE ALEGACIONES

Pero hasta llegar a aquí aún quedan algunos pasos que dar. Hoy por hoy el proceso se encuentra en la última fase de alegaciones que se permite hacer a la familia de Franco y que, como las previas, no irán a ningún lado, porque el Gobierno no las atenderá, tan sólo permitirá a los afectados que expresen de nuevo su oposición a la exhumación.

En esta ocasión, la familia se quejará por el informe de la Delegación del Gobierno en Madrid que desaconseja inhumar los restos de Franco en la cripta de la Catedral de La Almudena, como ha expresado la familia que es su deseo en caso de que la exhumación se lleve a cabo.

Bajo su punto de vista, el procedimiento fijado en el decreto ley convalidado por el Congreso para proceder a la exhumación no incluía el pronunciamiento de la Delegación del Gobierno, que el Ejecutivo "se saca de la manga" cuando se ve sorprendido por la elección de la cripta como lugar de inhumación de los restos de Franco, indican las fuentes consultadas.

Y es que en el Gobierno desconocían que la familia Franco poseía en ese lugar unas sepulturas en régimen de perpetuidad, donde están enterrados la única hija de Franco, Carmen Franco Polo, y su marido, Cristóbal Martínez-Bordiú, marqués de Villaverde, y donde hay sitio para dos cuerpos más: el del general y su esposa, que los nietos de Franco trasladarían desde la capilla del cementerio de Mingorrubio a La Almudena.

Los nietos no quieren que su abuelo sea enterrado en Mingorrubio, un lugar donde consideran que su tumba puede ser fácilmente profanada. No con este Gobierno, que hasta le ofreció un servicio de seguridad de la Guardia Civil para proteger la lápida, pero sí en un futuro, con otro Ejecutivo al frente de España que no se considerase concernido por este compromiso.

La familia también piensa cuestionar el informe técnico del Ayuntamiento de El Escorial que cifra en unos 3.500 euros los trabajos de exhumación, una cantidad que consideran forzada en exceso a la baja. Y recordarán que el responsable de la Basílica, el prior de la comunidad benedictina, ha mostrado su rechazo a permitir la entrada de los técnicos del Gobierno para ejecutar la exhumación sin consentimiento expreso de la familia.