La acreditación o no de la violencia en el desarrollo del 'procés' independentista que estalló en el otoño de 2017 en Cataluña será la clave del juicio que se iniciará este martes en el Tribunal Supremo contra 12 de los protagonistas de estos hechos, que causaron una crisis política y social sin precedentes y provocaron que el Gobierno suspendiera por primera vez la autonomía de dicha región mediante la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Las penas a las que se enfrentan oscilan entre los 7 y los 25 años de cárcel.
Este proceso singular, tanto por los hechos sometidos a examen como por los delitos que se atribuyen a los encausados --entre ellos el de rebelión-- se celebra con la ausencia, por haber huido de la Justicia, del que fuera entonces presidente de la Comunidad Autónoma de Cataluña, Carles Puigdemont, quien ha establecido su base en Bélgica; y de la secretaria de ERC Marta Rovira, que se esconde en Suiza y está acusada de ser una de las principales estrategas de la hoja de ruta por cuyo cumplimento se sientan en el banquillo tanto el exvicepresidente Oriol Junqueras como los otros once encausados.
El juicio se iniciará con una gran expectación mediática, cuyos precedentes más recientes pueden situarse en las vistas por el caso 'Nóos' en el que por primera vez se enjuició a una Infanta de España o en las celebradas para dirimir las responsabilidades por los atentados del 11-M en Madrid.
En total se han acreditado 600 periodistas de 150 medios diferentes, de los que medio centenar son extranjeros, siendo los más numerosos los alemanes y franceses, seguidos de holandeses y suizos, aunque también asistirán periodistas de EE.UU., Rusia y China.
LA IMPORTANCIA DEL 20-S
Los interrogatorios se centrarán previsiblemente en acreditar la existencia o no de violencia durante el referéndum del 1-0 y sobre todo durante el 20 de septiembre de 2017, cuando tuvo lugar la masiva concentración frente a la Consejería de Economía tras la orden de registro dada por un juez de Barcelona que investigaba la organización de la consulta ilegal.
La Fiscalía alude en una veintena de ocasiones a la existencia de violencia en su escrito de conclusiones provisionales para sustentar su acusación por rebelión.
Así, considera a Junqueras (para el que pide 25 años de cárcel y otros tantos de inhabilitación por rebelión y malversación de fondos públicos), a la expresidenta del Parlament Carme Forcadell (17 años por rebelión) y a los líderes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart (17 años por rebelión), como los "principales promotores" del desafío soberanista.
Incide en que todos ellos pretendían orillar la aplicación de la legalidad constitucional y estatutaria, con el fin último de declarar la independencia y "obligar al Estado a aceptar la separación" de este territorio.
El ESTADO NO LO ACEPTARÍA
El plan secesionista, según subraya la Fiscalía en su escrito, contemplaba la utilización de todos los medios que fueran precisos para alcanzar su objetivo, incluida la violencia ante la certeza de que el Estado no iba a aceptar esa situación. Para ello se valieron de la fuerza intimidatoria que representaban, por una parte, la actuación tumultuaria desplegada con las grandes movilizaciones ciudadanas "instigadas y promovidas" por los propios líderes independentistas y, por otra, el uso de los Mossos d'Esquadra.
En este punto, el Ministerio Público destaca que este cuerpo policial, armado e integrado por unos 17.000 efectivos aproximadamente, acataría según mantiene en sus escritos exclusivamente las instrucciones de los acusados "como así sucedió", y se preveía que llegado el caso podría "proteger coactivamente sus objetivos criminales, sustrayéndole así al cumplimiento de su genuina función de guardar y preservar el orden constitucional".
Afirma que los principales promotores de lo ocurrido se valieron de la "fuerza intimidatoria que representaba la actuación tumultuaria desplegada con las grandes movilizaciones ciudadanas instigadas y promovidas por ellos", tal y como hicieron las asociaciones de 'los Jordis', respecto a los que se acuña la expresión "aparición estelar" en este "plan rebelde".
EL PAPEL DE LOS JORDIS
Los representantes de las organizaciones sociales independentistas, según precisa la Fiscalía, "hicieron reiterados y continuos llamamientos públicos --a través de los medios de comunicación, redes sociales y concentraciones públicas-- a la movilización de la ciudadanía para que acudieran a votar y evitar que las fuerzas de orden público cumplieran con su misión de cerrar los centros e incautar el material electoral", subrayan los cuatro fiscales del caso que aseguran que así "propiciaron la violencia en la calle".
Con ello "fomentaban, propiciaban y buscaban el enfrentamiento directo entre multitudes de ciudadanos y las fuerzas de seguridad, con lo que no solo secundaban la actuación de acoso, intimidación y violencia, sino que, desde el poder constituido, daban apoyo explícito y expreso a la estrategia de impedir la acción del Estado y de los órganos judiciales".
Añade que la masa congregada actuó "a modo de muro humano", causando lesiones, entre ellos a "93 miembros del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil", por los "lanzamientos de objetos, vallas metálicas y piedras", además de insultos.
INACCIÓN DE TRAPERO
De hecho, los fiscales apuntan en su escrito de conclusiones que el llamamiento a la movilización también se hizo mediante "manipulación informativa sobre la realidad de lo que estaba sucediendo en esos días" y la "presión" a la prensa internacional para llevar a cabo su objetivo.
Por otro lado, la Fiscalía destaca que el 1-O se celebró ante la inacción del cuerpo policial autonómico dirigido entonces por Josep Lluís Trapero, para quien la Fiscalía de la Audiencia Nacional pide 11 años por rebelión en un procedimiento diferente. "Los mandos de los Mossos d'Esquadra antepusieron las directrices políticas recibidas por el Govern de la Generalitat al cumplimiento de la ley y del mandato judicial que prohibía su realización", destacan.
Por último, los fiscales aprovechan su escrito para recordar que "ante este levantamiento generalizado, salpicado de actos de fuerza, agresión y violencia", el Rey Felipe VI hizo dos días después una aparición pública para dirigir "un mensaje a la Nación" en el que lamentó el "quebrantamiento de los principios democráticos de todo el Estado de Derecho, la profunda división y fractura que se estaba produciendo en la sociedad catalana", así como el "enorme riesgo" que se había generado en la economía catalana y nacional
LA ABOGACÍA REBAJA A SECESIÓN
La Abogacía del Estado, sin embargo, rebaja hasta los 12 su petición de cárcel para Junqueras - e igualmente pide menos pena que la Fiscalía para el resto de exmandatarios en el banquillo: con 11 años y medio para los exconsejeros en prisión, 10 para Forcadell y 8 para 'los Jordis'- al acusarles tan solo de sedición y malversación.
Fue en el momento de la presentación de los escritos de conclusiones provisionales, a principios del pasado mes de noviembre, cuando los Servicios Jurídicos del Estado se desmarcaron de la postura que hasta este momento habían mantenido de adhesión a los criterios de la Fiscalía, que apuesta por la rebelión.
Esta acusación, dependiente del Ministerio de Justicia, no ve en lo ocurrido en Cataluña el requisito de violencia necesaria para poder calificar los hechos de rebelión.
El papel de 'los Jordis' habría sido el de liderar la movilización social "como medio para la consecución de los fines relativos al incumplimiento de la legalidad y la desobediencia a las resoluciones administrativas y judiciales" que exige el delito de sedición.
