Los gobiernos autonómicos del País Vasco, Cataluña, La Rioja, Asturias, Extremadura, Navarra y la ciudad autónoma de Melilla han solicitado a lo largo de la tarde de este viernes al Ejecutivo central que decrete el estado de alarma para poder tomar medidas restrictivas que ayuden a contener la pandemia del coronavirus. Íñigo Urkullu, Guillermo Fernández Vara y Concha Andreu han coincidido en que esta norma se debería tomar a nivel nacional.
El primero en elevar esta petición al Gobierno de Pedro Sánchez ha sido el lehendakari, Íñigo Urkullu, que ha comparecido en rueda de prensa en torno a las 16.00 horas de este viernes para anunciar que solicitará el estado de alarma, que gestionará el máximo representante del Gobierno Vasco.
Además, Urkullu ha planteado que el decreto del estado de alarma se debería implantar a nivel nacional y ser los gobiernos autonómicos los encargados de gestionar la pandemia.
Tras esta petición, el siguiente en reclamarlo ha sido el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, que solicita este instrumento jurídico para restringir la movilidad nocturna en la comunidad autónoma, si bien no ha aclarado por el momento si sólo lo pide para el territorio asturiano o es una reclamación a nivel nacional.
Por su parte, el presidente de Melilla, Eduardo de Castro, también ha anunciado que ha solicitado por escrito al Gobierno central la aplicación del estado de alarma para posibilitar el confinamiento nocturno "porque la ciudad está a punto de entrar en el colapso" sanitario.
También lo ha hecho el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, que ha añadido que "lógico" sería aplicarlo en todo el territorio nacional. Según ha defendido el líder extremeño, esta solicitud, que trasladará esta misma tarde al Gobierno central, se basa en que no tienen suficiente base como para seguir tomando medidas que restrinjan la movilidad.
Por eso "para seguir tomando decisiones necesitamos el amparo del estado de alarma", ha aseverado Fernández Vara, quien ha considerado que en la situación actual "es la mejor solución de las posibles", ya que "vienen semanas complicadas" por lo que es bueno "tener una base legal suficiente" para tomar medidas.
CATALUÑA Y LA RIOJA, LAS ÚLTIMAS EN SUMARSE
Además, durante esta tarde, el Govern de la Generalitat de Cataluña se ha reunido de manera urgente para decidir pedirle al Ejecutivo central la declaración del estado de alarma. Como ha sucedido con otros gobiernos autonómicos, en Cataluña también reclaman la gestión de ese estado de alarma.
La siguiente en solicitarlo ha sido la presidenta de La Rioja, la socialista Concha Andreu, que insta además a que se decrete en todo el territorio nacional y el mando y la gestión pertenezcan a las autonomías, tal y como ha planteado Urkullu.
Por el momento, ninguna autonomía gobernada por el Partido Popular ha solicitado esta norma jurídica que ha estado rigiendo durante quince días en nueve municipios de la Comunidad de Madrid después de que así lo aprobara el Consejo de Ministros. Desde 'Génova' han planteado en varias ocasiones al Gobierno un 'plan b' jurídico como alternativa a este decreto de alarma.
EL GOBIERNO, A LA ESPERA
Esta batería de solicitudes que han realizado las Comunidades Autónomas no ha encontrado por el momento respuesta oficial en el Gobierno central. El presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha comparecido esta mañana para alertar de la "gravedad" de la situación, pero no ha hecho referencia a ninguna otra medida.
Eso sí, según informan fuentes de La Moncloa a Europa Press, el Ejecutivo ha decidido dar "algo tiempo" a las comunidades para ver cuántas deciden sumarse finalmente a la iniciativa anunciada ya por seis autonomías.
Es el Consejo de Ministros el que, según la Constitución, debe aprobar la declaración del estado de alarma. El Gobierno no necesita el visto bueno del Congreso para aprobar este instrumento, salvo que tenga que pedir una prórroga para aplicarlo más allá de los 15 días iniciales.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viaja este viernes a Roma para asistir este sábado a su audiencia con el Papa Francisco I en el Vaticano. No obstante, ya hace dos semanas delegó en su vicepresidenta primera, Carmen Calvo, la declaración del estado de alarma "territorializado" para restringir la movilidad en la Comunidad de Madrid, que se aprobó en un Consejo de Ministros extraordinario.
